Punto por punto, la denuncia de Arancibia para investigar el rol del primo de Sergio Uñac en el Acueducto Gran Tulum

El abogado y expresidente del Foro de Abogados presentó una denuncia penal en la que detalla presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la obra y solicita que se investigue la posible participación del contratista Gustavo Monti, familiar del exgobernador.

El abogado y expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en la que expone una serie de presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, uno de los proyectos de infraestructura más costosos y controvertidos de los últimos años en San Juan. El planteo apunta a posibles maniobras irregulares durante las gestiones provinciales 2015–2019 y 2019–2023, e incluye el pedido de investigar el accionar del contratista Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.

En el inicio del escrito, Arancibia advierte que el 10 de diciembre se cumplen dos años, plazo establecido por el Código Penal para imputar el delito de enriquecimiento ilícito a exfuncionarios. En ese marco, menciona declaraciones del actual ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien señaló que “la obra no estaría, pero los pagos sí” en relación con el crédito de 100 millones de dólares tomado con el Estado de Kuwait, y sostiene que esas afirmaciones ameritan una revisión urgente del proceso.

El denunciante considera que un eventual perjuicio económico de esa magnitud “no pudo ser obra de una sola persona” y plantea que, de haber existido irregularidades, los responsables deben ser investigados antes de que prescriba la posibilidad de analizar su evolución patrimonial.

En su presentación, solicita que la Fiscalía determine si durante el proceso se configuraron delitos como violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y asociación ilícita administrativa. Todos estos posibles ilícitos están contemplados en el Título XI del Código Penal, vinculado al manejo irregular de fondos y contrataciones públicas.

Según la denuncia, una serie de notas periodísticas habría revelado que la firma proveedora de los caños del acueducto, Krah América Latina S.A., estaría vinculada a Gustavo Monti. De confirmarse ese vínculo, Arancibia sostiene que podría configurarse una situación de negociación incompatible con la función pública.

El abogado también menciona testimonios de empresas competidoras que habrían advertido que los pliegos licitatorios fueron diseñados con requisitos restrictivos y criterios técnicos cuestionados que, en la práctica, habrían favorecido a la compañía señalada, limitando la competencia. De comprobarse, esto podría encuadrarse en abuso de autoridad, violación de deberes y fraude contra la administración pública.

Otro de los ejes del escrito apunta a presuntas advertencias técnicas previas sobre los materiales elegidos para la obra. Según detalla, se habrían señalado costos más elevados, menor respaldo técnico, posibles deficiencias estructurales y faltas a estándares de calidad. Si estas observaciones fueron desestimadas por funcionarios para beneficiar a una empresa determinada, el denunciante sostiene que podría tratarse de una grave violación de los deberes funcionales.

Asimismo, se mencionan diferencias significativas entre el precio adjudicado y las ofertas presentadas por competidores. En ese sentido, Arancibia solicita que se investiguen en profundidad los valores contratados, las certificaciones de obra, los pagos anticipados y la eventual existencia de beneficios indebidos vinculados al proceso.