San Juan aplicará la ley antipiquetes en tres fases: en qué consiste cada una

El gobierno provincial busca garantizar la libre circulación. La norma establece un protocolo gradual que incluye mediación, organización del tránsito y, si es necesario, acción policial bajo el Código Penal.

29 de mayo de 2025

Tras el anuncio del gobernador Marcelo Orrego, el Gobierno de San Juan confirmó que comenzará a aplicar la ley antipiquetes con el objetivo de evitar cortes de calle y garantizar la libre circulación. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, detalló que el protocolo se ejecutará en tres fases, con una estrategia que busca equilibrar el derecho a protestar con el orden público.

“En San Juan, la gente tiene que estar libre para transitar”, afirmó Orrego, marcando la postura oficial frente a los bloqueos en la vía pública.

Delgado explicó que el protocolo contempla dos principios centrales: evitar cortes totales y, al mismo tiempo, no criminalizar las manifestaciones. En diálogo con radio Amanecer, sostuvo que el Gobierno es “respetuoso de la Constitución” y que se busca preservar tanto el derecho a la protesta como el normal funcionamiento de la ciudad.

Las tres fases del protocolo:

1. Mediación y negociación:La primera etapa consiste en el diálogo preventivo con los organizadores de la protesta. “Se trabajará con referentes idóneos según el tipo de reclamo para evitar que se concrete la manifestación”, explicó Delgado.

2. Organización operativa:Si la protesta se concreta, las fuerzas de seguridad actuarán para garantizar que se desarrolle de forma ordenada y con mínimo impacto sobre terceros. Esto puede incluir que la manifestación se realice a pie por veredas o en media calzada, permitiendo la circulación parcial.

3. Aplicación de la ley:Si no se cumplen las condiciones pactadas y hay bloqueos totales, se aplicará el artículo 194 del Código Penal, que penaliza el entorpecimiento de servicios públicos y el transporte. “En esos casos, se procederá conforme a la ley”, advirtió el funcionario.

El protocolo ya comenzó a implementarse y representa una postura firme del Ejecutivo provincial para evitar que las protestas afecten la vida cotidiana, sin dejar de reconocer el derecho constitucional a manifestarse.

Fuente: Tiempo De San Juan