San Juan es la tercera provincia con más glaciares del país: cuántos hay, la amenaza climática y las fallas de la ley que los protege

Un informe del gabinete de Glaciología de la UNSJ revela que la provincia concentra casi el 11% de los glaciares de Argentina, registra un retroceso acelerado y enfrenta vacíos técnicos en la normativa vigente.

San Juan volvió a ubicarse en el centro del debate nacional sobre la protección de los glaciares, tras la presentación de un análisis técnico realizado por el gabinete de Geología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad Nacional de San Juan. El estudio, encabezado por el especialista Silvio Pastore, mostró cifras actualizadas sobre el estado del hielo provincial y señaló deficiencias clave de la Ley de Glaciares, cuyo proyecto aclaratorio será discutido en sesiones extraordinarias en el Congreso.

Pastore expuso los resultados de 15 años de relevamientos y actualizaciones del inventario glaciar, destacando que San Juan es la única provincia que generó su propio mapa de glaciares y lo mantiene en proceso de revisión permanente. Según los datos presentados, la provincia cuenta con alrededor de 6.000 glaciares y reúne casi el 11% de la superficie total de hielo del país, ubicándose detrás de Santa Cruz y Mendoza en cuanto a extensión glaciar.

En el inventario 2017 para la cuenca del Río San Juan se registraron 5.530 glaciares con menos de 500 km². En 2018, el inventario provincial totalizó 6.174 glaciares con una superficie de 596,8 km². La actualización realizada en 2022 para la misma cuenca arrojó 3.912 glaciares y 471,59 km². La mayor concentración se encuentra en el sistema hídrico del Río San Juan y, en menor proporción, en la cuenca del Río Jáchal. Además, el 74% del agua sólida provincial proviene del ambiente glaciar, mientras que el 26% corresponde al ambiente periglaciar, donde se desarrollan los glaciares de escombro.

El especialista advirtió sobre un dato crítico: en los últimos cinco años, la provincia perdió más del 50% del volumen de hielo en la cordillera debido al clima actual. Según explicó, se trata de un retroceso acelerado que compromete las reservas hídricas estratégicas y constituye un fenómeno “altamente alarmante” en términos geológicos.

Pastore también señaló falencias técnicas de la Ley de Glaciares que, según

indicó, generan incertidumbre para la investigación científica, la gestión ambiental y el desarrollo de actividades productivas en zonas cordilleranas. Entre ellas mencionó la imposibilidad técnica de delimitar con precisión el ambiente periglaciar, la ausencia de una definición sobre qué se considera reserva hídrica estratégica, la falta de reglas claras para las actualizaciones del inventario y las ambigüedades normativas que afectan tanto evaluaciones ambientales como proyectos productivos.

El informe se presenta en un momento clave, mientras gobernadores de provincias mineras, con San Juan entre las impulsoras, buscan avanzar en una ley aclaratoria que reduzca vacíos técnicos y establezca criterios precisos para la protección del ambiente glaciar y periglaciar. La evidencia científica aportada desde la provincia se incorpora así como un insumo central para el debate legislativo que se dará en el Congreso en las próximas semanas.