Se agrava la situación judicial de la influencer que utilizó el CUIT de Marcelo Orrego y otros gobernadores

La influencer santiagueña Valentina Olguín enfrenta una acusación más grave en la causa que investiga el uso indebido de datos fiscales de cinco gobernadores argentinos, entre ellos el mandatario de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego.

La Justicia Federal de Tucumán la citó nuevamente a declarar el próximo 4 de noviembre.

El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, resolvió agravar los cargos contra Olguín, quien será imputada por el delito de “contrabando simulado en concurso real”, una figura penal que contempla penas más severas y acumulativas. La causa se inició tras detectar que la joven había utilizado los CUIT de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para realizar compras en el exterior mediante el sistema de importaciones courier.

De acuerdo con la investigación, entre septiembre y octubre de 2024, Olguín habría efectuado 16 operaciones internacionales, principalmente en la tienda estadounidense Revolve, cuyos productos ingresaron al país a través de la empresa FedEx. Las entregas se realizaron en un domicilio particular del barrio porteño de Núñez, donde reside la acusada.

El primer caso detectado fue el del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien denunció el uso fraudulento de su CUIT en octubre de 2024. A partir de esa denuncia, el 12 de diciembre la Policía Federal Argentina allanó el domicilio de la influencer, secuestrando U$S 16.646, un iPhone 15 Pro, cámaras digitales, una computadora, facturas de FedEx y bolsas con prendas de la marca “Revolve”.

Con las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, dispuso en mayo el procesamiento de Olguín sin prisión preventiva y ordenó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes. Aunque parte de la investigación fue derivada a otras jurisdicciones, Tucumán mantiene la competencia principal, al haber sido el primer distrito en detectar la maniobra.

La defensa de la imputada había solicitado la suspensión del juicio a prueba (“probation”), ofreciendo realizar tareas comunitarias y disculpas públicas. Sin embargo, el fiscal Chit rechazó el pedido, al considerar la gravedad del hecho y la cantidad de víctimas involucradas.

La causa avanza hacia una posible elevación a juicio oral unificado, que concentrará los delitos cometidos en las cinco provincias. Hasta tanto se resuelva su situación procesal, Valentina Olguín tiene prohibido salir del país.