Ya es ley el nuevo Régimen Penal Juvenil: baja la edad de imputabilidad a 14 años

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La normativa fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei.

La iniciativa había sido aprobada previamente por el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, convirtiéndose en una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias.

El nuevo sistema introduce un esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años, con penas diferenciadas según la edad, el tipo de delito y las circunstancias del hecho.

La ley establece que las sanciones deberán priorizar la educación, la resocialización y la reinserción social del menor, con el objetivo de reducir la reincidencia.

Entre los puntos centrales se destacan:

• Edad de imputabilidad: baja de 16 a 14 años.

• Privación de libertad: será el último recurso y por el tiempo más breve posible.

• Prohibición de penas perpetuas o de duración indefinida para menores.

• Sin antecedentes penales permanentes en la adultez.

• Separación obligatoria de adultos en caso de detención.

Además, si un adolescente debe permanecer detenido, deberá alojarse en instituciones especiales con personal capacitado, quedando prohibido su alojamiento junto a personas mayores de edad.

La ley también establece que los procesos penales juveniles deberán tramitarse con celeridad, especialmente cuando el imputado se encuentre detenido. En caso de dilaciones injustificadas, el magistrado interviniente podrá enfrentar sanciones disciplinarias.

Asimismo, se dispone la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

Cuando el autor del hecho sea menor de 14 años, seguirá siendo considerado inimputable. En esos casos, la intervención judicial se orientará a medidas protectoras o de tratamiento, bajo la órbita de la justicia civil.

La nueva legislación también reconoce explícitamente los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Entre ellos:

• Ser informadas sobre el avance de la causa.

• Participar en las etapas procesales.

• Solicitar medidas de protección.

• Acceder a mecanismos de reparación.

Además, cuando se generen daños materiales o civiles, los padres o responsables legales del menor podrán ser obligados a responder económicamente según lo determine la sentencia judicial.

La ley también contempla instancias de mediación o conciliación, siempre que el delito lo permita y la víctima lo acepte de forma voluntaria, promoviendo soluciones restaurativas dentro del sistema penal juvenil.