Avanza el análisis de la denuncia por presunta corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum

La Fiscalía de Estado evalúa los elementos aportados por el abogado Marcelo Arancibia y anticipa que, si el Ministerio Público Fiscal confirma irregularidades, la Provincia deberá intervenir como querellante para resguardar el patrimonio estatal.

La denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum abrió un nuevo capítulo institucional que involucra a la Fiscalía de Estado. Su titular, Sebastián Dávila, confirmó que el organismo analiza la documentación presentada por el abogado Marcelo Arancibia y sostuvo que, si la investigación del Ministerio Público Fiscal corrobora los hechos señalados, la Provincia deberá constituirse como parte en el proceso penal. “Ante la sospecha de posibles delitos que afecten el patrimonio estatal, corresponde intervenir como querellante”, afirmó.

Dávila aclaró que la participación de la Fiscalía de Estado no es automática ni implica facultades investigativas propias, sino que depende de lo que determine la UFI Delitos Especiales. Indicó que el organismo puede aportar medios de prueba, solicitar informes y promover medidas que considere pertinentes, aunque siempre en carácter complementario al trabajo del fiscal a cargo de la investigación.

El funcionario señaló que la denuncia requiere un examen minucioso, dado que abarca hechos complejos y sin antecedentes similares de intervención penal del organismo en causas de corrupción. En paralelo, la presentación original continúa su curso en el ámbito judicial. La UFI Delitos Especiales solicitó a Arancibia que precise si denuncia enriquecimiento ilícito y, en ese caso, identifique a los presuntos responsables. El abogado negó haber acusado ese delito, pese a haberlo mencionado en su escrito inicial, lo que generó atención dentro del Ministerio Público.

La investigación preliminar se concentra en contrataciones, compras y decisiones adoptadas durante la ejecución del acueducto, obra financiada con un crédito del Fondo Kuwaití. Entre las irregularidades señaladas figuran la presunta vinculación familiar entre la empresa Krah —proveedora de las cañerías— y un familiar directo del exgobernador Sergio Uñac; cuestionamientos sobre la calidad de los materiales; diferencias de precios señaladas por competidores; y el endeudamiento provincial derivado del crédito, que ya comenzó a pagarse.

Arancibia advirtió que la Provincia afronta un crédito de 100 millones de dólares “por una obra que no está terminada”.

El abogado sostuvo que su presentación apunta a hechos concretos que podrían encuadrar en figuras como negociaciones incompatibles, malversación de fondos públicos, defraudación al Estado, dádivas o asociación ilícita. También cuestionó la falta de información oficial sobre el avance de la obra, pese a un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados que aún no ha sido respondido. Reiteró además la necesidad de una verificación técnica sobre una primera compra de caños, valuada en unos 50 millones de dólares, que —según versiones— “no sería apta”. Recordó asimismo advertencias formuladas en 2017 por una empresa competidora al fondo kuwaití, que calificó esas tuberías como “experimentales” y de costo superior a otras alternativas.

De avanzar la investigación, la eventual participación de la Fiscalía de Estado sumaría un nivel adicional de control institucional dentro del proceso penal. Arancibia remarcó que la Provincia es la parte afectada y que toda la documentación relevante se encuentra en dependencias oficiales. Sostuvo, finalmente, que el esclarecimiento es imprescindible: “Puede ocurrir que la investigación determine que no hubo delito, pero lo que no puede ocurrir es que no se investigue”.