Caso Loan: los privilegios carcelarios de Carlos Pérez y Victoria Caillava, los sanjuaninos acusados por la desaparición del niño

El ex marino y la exfuncionaria siguen detenidos en Salta como principales sospechosos, pero gozan de beneficios poco habituales en el sistema penitenciario.

25 de junio, 2025

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de cinco años cuyo paradero sigue siendo un misterio desde el 13 de junio de 2024, dos de los principales acusados, Carlos Pérez y María Victoria Caillava, continúan detenidos en el Complejo Penitenciario Nº 3 del NOA, en Salta. Sin embargo, su situación en prisión ha llamado la atención por una serie de privilegios poco comunes en otros casos de gravedad similar.

Pérez, un ex marino sanjuanino de 63 años, y Caillava, exfuncionaria municipal de 53, fueron detenidos el 21 de junio del año pasado, acusados de haber participado en un presunto plan para sustraer al menor. Cuando la causa pasó a la órbita federal, ambos fueron trasladados al penal de Güemes, donde hoy tienen acceso a visitas frecuentes, comunicación constante y actividades recreativas.

Según explicó su abogado, Ernesto “Tito” González, la pareja tiene la posibilidad de verse con frecuencia y hablar por teléfono sin restricciones especiales. También pueden recibir visitas familiares bajo supervisión y acceder a talleres y eventos dentro del penal.

El ex marino participa en partidos de fútbol organizados dentro de la unidad penitenciaria, mientras que Caillava asiste a cursos de cocina, jardinería y horticultura.

Desde la defensa, insisten en que no existen pruebas concluyentes contra sus representados. “Las pruebas están viciadas. No hay nada objetivo ni razonable que los incrimine directamente”, aseguró el letrado. Además, cuestionó el rumbo de la investigación: “Se plantearon más de 2.500 hipótesis, muchas sin sustento, incluso teorías conspirativas que siguen abiertas hasta hoy, como la de un accidente o una red de trata”.

Mientras tanto, el caso Loan continúa siendo una herida abierta para la sociedad argentina, sin resolución concreta y con la espera del juicio oral como próxima etapa clave.