Denunciaron a un juez Comercial de San Juan por presunto fraude y prevaricato en un caso de quiebra

El juez Javier Antonio Vázquez, titular del fuero Comercial de San Juan, fue denunciado penalmente por presunto fraude, abuso de autoridad, estafa procesal, prevaricato y defraudación en grado de tentativa, en el marco de un caso vinculado a la quiebra de la empresa Pahome S.A., iniciada en 1995. La presentación fue realizada por Zulma Dora Ledesma, representada por el abogado Mario Arancibia, ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Según la denuncia, el magistrado habría impulsado una maniobra para subastar un inmueble que no pertenecía al acervo de la quiebra, sino a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 5 de Diciembre, de la cual Ledesma es cesionaria de derechos. La mujer sostiene que el juez, junto al procurador Francisco Bataller y el síndico Macario Larrauri, habría manipulado registros y resoluciones judiciales con el objetivo de favorecer a acreedores de Pahome S.A.

El caso se centra en un terreno ubicado detrás del Hiper Libertad, propiedad que la cooperativa había recuperado mediante una sentencia judicial firme de 1998, dictada por el juez Gutiérrez Gallo, que ordenó la devolución del inmueble tras el incumplimiento del contrato por parte de Pahome. Esa restitución se formalizó en 1999 y fue inscripta definitivamente a nombre de la cooperativa en 2019.

De acuerdo con la presentación judicial, el juez Vázquez habría promovido recientemente una resolución para anular los asientos registrales en el Registro General Inmobiliario (RGI), con el fin de borrar la inscripción de la cooperativa y restituir la titularidad a Pahome S.A., maniobra que permitiría ejecutar una venta directa del bien. Según Ledesma, se habría intentado incluso transferir el inmueble al empresario Francisco Paolini, en una operación que podría haber involucrado a un “comprador de buena fe”.

La denunciante sostuvo que esta supuesta manipulación “buscaba engañar al sistema registral y consumar un fraude procesal”, advirtiendo además que la causa podría implicar un perjuicio patrimonial para la cooperativa y sus socios.

Ledesma también señaló la presunta complicidad del procurador Francisco Bataller, quien habría actuado con un conflicto de intereses, ya que fue director de Cooperativas entre 1992 y 1995 y apoderado judicial de la misma entidad, además de haber adquirido un inmueble lindero perteneciente a la cooperativa por subasta en el año 2000.

La denunciante afirmó que este entramado judicial constituye un “delito continuado” que se habría sostenido durante más de una década, e indicó que incluso una denuncia previa presentada en febrero de 2024 habría desaparecido del sistema judicial, lo que la llevó a reformular su acusación este lunes.

Ledesma manifestó que se reserva el derecho de ampliar la denuncia en caso de comprobar que el inmueble fue finalmente transferido a terceros, mientras que hasta el momento no hubo declaraciones oficiales por parte del magistrado ni de los funcionarios involucrados.