El abuso silencioso de YPF

Una vez más, YPF volvió a ajustar el precio de los combustibles sin previo aviso, sin explicación clara y sin asumir ninguna responsabilidad frente a una sociedad agotada. La empresa estatal, que en teoría debería estar al servicio del pueblo, parece haberse convertido en un gigante insensible que especula como cualquier multinacional y se esconde detrás de resoluciones técnicas para justificar decisiones políticas y comerciales profundamente perjudiciales para la ciudadanía.

Lo ocurrido esta semana en San Juan y particularmente en Iglesia no es un hecho aislado, sino parte de una lógica que YPF repite con impunidad: baja los precios como gesto simbólico cuando le conviene y los sube sin mediar palabra apenas días después. Este vaivén errático no solo desestabiliza al mercado, sino que deja al ciudadano de a pie sin herramientas para prever o planificar sus gastos más básicos, como cargar combustible para ir a trabajar.

La falta de transparencia es alarmante. ¿Por qué no se comunica con anticipación? ¿Por qué no se explica el impacto real de los biocombustibles en los precios finales? ¿Dónde está la política energética nacional que debería regular con lógica social y no con voracidad comercial?

YPF, al ser una empresa con mayoría accionaria del Estado, tiene una responsabilidad social que está incumpliendo. Su rol no puede reducirse a competir con privados o a ajustar sus números en los libros contables a costa de los bolsillos populares. Cada aumento sin justificación es una forma de abuso. Cada silencio, una falta de respeto.

Mientras las familias recortan gastos esenciales y los trabajadores rurales ven encarecerse hasta el traslado, YPF toma decisiones desde sus oficinas centrales con una desconexión preocupante. Lo mínimo que se espera de una empresa estatal es sensibilidad, planificación y claridad. Lo que se recibe, en cambio, es oportunismo, indiferencia y silencio.