El C.U.M, una quita parcial que indigna

El Cargo Único Municipal se eliminó... pero no para todos.

La Municipalidad de Iglesia anunció con bombos y platillos la suspensión del Cargo Único Municipal (CUM) en las boletas de energía eléctrica. Pero detrás de ese titular alentador, la realidad golpea más fuerte que la propaganda, solo algunos usuarios resultaron beneficiados. El resto, comerciantes, pequeños empresarios y buena parte de la comunidad, sigue pagando una tarifa que muchos califican como injusta, despareja y excluyente.

Según la ordenanza publicada en el Boletín Oficial, solo los usuarios que consuman menos de 1.400 kilowatts bimestrales quedarán exentos del CUM. Es decir, una familia promedio con un lavarropa, una heladera, un calefón eléctrico y una pava eléctrica, sigue dentro del pago. Un pequeño comercio o una panadería que trabaje a diario con hornos eléctricos también. En cambio, el beneficio alcanza a una franja limitada de hogares y servicios, por ejemplo, vas de Fin de semana, son los más beneficiados o los únicos, mientras los demás deberán seguir afrontando facturas que en muchos casos superan los 600 mil o incluso el millón de pesos.

La medida abarca a las categorías T1 Pequeñas Demandas, T1-AP (alumbrado público), T1-R (uso residencial) y T1-G (uso general), pero deja afuera a otras categorías, ampliando así la brecha entre quienes reciben ayuda y quienes sostienen con esfuerzo sus actividades.

Incluso la propia Municipalidad se benefició, la suspensión también aplica al consumo energético de sus edificios públicos y el alumbrado. Y para compensar la pérdida de recaudación, el Concejo Deliberante autorizó el uso de fondos de rentas e inversiones financieras, en lugar de exigir aportes o compromisos a los sectores que más ganan en el departamento.

Hace apenas unas semanas, los vecinos autoconvocados de Iglesia reclamaban por las abultadas boletas y se reunieron con el intendente Jorge Espejo, quien prometió eliminar el CUM. “Nos mintieron”, expresaron con indignación tras conocerse que la exención no sería generalizada. El beneficio parcial, según ellos, “solo disfraza una decisión política insuficiente y desigual”.

El malestar crece también entre empresarios locales y comerciantes, quienes califican la medida como “un parche sin criterio social ni productivo”. Muchos apuntan a la doble vara del municipio, que exime a algunos sectores mientras empresas mineras que operan en Iglesia, más de 300, según estimaciones, ni tributan ni invierten en el departamento.“El dinero que podría aliviar al pueblo se va por otros canales”, denuncian, recordando que la mayoría de esas empresas ni siquiera contrata mano de obra iglesiana.

Para el colmo, el propio concejal Muñoz reconoció que el Concejo Deliberante, desconoce cifras de empresas que trabajan en Iglesia y no tributan, respaldandose que el Consejo Deliberante no cuenta con un informe oficial de las empresas mineras que operan en el departamento, ni sobre los aportes que realizan. En otras palabras, el órgano de control y representación ciudadana no tiene control ni información. Una inoperancia alarmante, que deja a la población sin herramientas para exigir transparencia y equidad fiscal.

Lo que pudo ser una decisión ejemplar de justicia social y alivio económico, terminó siendo una medida a medias, limitada y políticamente conveniente. El mensaje para los iglesianos es claro, no todos valen lo mismo frente al Estado local. Mientras unos pocos respiran, la mayoría sigue ahogada por tarifas impagables, promesas vacías y un Concejo que mira para otro lado.

El verdadero desafío no era solo quitar un cargo. Era devolverle credibilidad a la palabra oficial y justicia a la gestión pública. Pero, una vez más, en Iglesia el discurso fue más fuerte que el compromiso.