El Gobierno nacional avanza en la privatización de cuatro represas hidroeléctricas

Prevén recaudar entre 500 y 700 millones de dólares y lanzaron una auditoría sobre otras centrales cuyos contratos están por vencer.

El Gobierno nacional dará este viernes un paso decisivo en su plan de privatizaciones, al conocerse las empresas interesadas en operar durante 30 años las cuatro represas del Comahue, que en conjunto representan el 15% de la generación eléctrica del país.

El proceso licitatorio, iniciado en agosto y que finaliza hoy, apunta a recaudar entre US$500 y US$700 millones mediante la venta total de las acciones de las sociedades que administran los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

Actualmente, esas centrales están gestionadas por AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul. La reprivatización se definió luego del vencimiento de sus contratos en agosto de 2023, estableciéndose que continúen operando hasta el 31 de diciembre o hasta su traspaso a nuevos adjudicatarios.

Fuentes del sector energético indicaron que los actuales operadores presentarán ofertas para retener sus represas, aunque el pliego prohíbe que una misma empresa obtenga más de dos complejos. También manifestaron interés otras firmas como Pampa Energía, Genneia, Edison Energía y Aluar.

Según la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, se recibieron más de 300 consultas por los pliegos y se esperan alrededor de 10 ofertas formales.

Una vez cerrada la etapa de presentación, se revisarán los antecedentes y la documentación de los oferentes. Luego, se conocerán las ofertas económicas, que incluirán el pago de un canon a las provincias de Neuquén y Río Negro por el uso del agua. Se prevé que los nuevos operadores asuman hacia fines de 2025 o inicios de 2026.

En paralelo, el Gobierno ya inició el proceso de concesión de otras siete represas hidroeléctricas, cuyos contratos vencerán entre noviembre de 2025 y julio de 2026: Futaleufú, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.

Para avanzar en este nuevo esquema, Enarsa convocó una auditoría técnica destinada a evaluar el estado de las maquinarias y las inversiones necesarias para garantizar su funcionamiento en el marco de la futura reprivatización.