El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

El Senado de la Nación aprobó este viernes el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que modifica la normativa vigente y establece, entre sus puntos centrales, que la edad de imputabilidad penal bajará de 16 a 14 años en casos de delitos graves. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara alta y ahora será remitida a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento con miras a convertirse en ley.

La aprobación se dio en el marco de la última sesión de extraordinarias, en la que el Senado también debatió otros proyectos emblemáticos del Ejecutivo, como la reforma laboral. La ley penal juvenil obtuvo una mayoría de votos que marcó un respaldo significativo a las modificaciones planteadas por el Gobierno nacional.

La nueva norma introduce cambios significativos en el tratamiento de los menores de edad que cometen delitos, con el objetivo declarado de fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a hechos graves:

• Edad de imputabilidad: La edad mínima para ser considerado penalmente responsable se reducirá de 16 a 14 años, permitiendo que adolescentes de esa franja puedan ser enjuiciados por delitos graves tales como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.

• Penas y sanciones: La normativa contempla penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes imputables, aunque éstas estarán sujetas a criterios de proporcionalidad y circunstancias del hecho, de acuerdo con el régimen previsto.

• Medidas alternativas: Además de penas privativas de libertad, el régimen amplía la gama de medidas no privativas que pueden aplicarse a menores, incluyendo servicios comunitarios, supervisión judicial, programas de reparación del daño y monitoreo electrónico, adaptados según la gravedad del hecho y las condiciones del imputado.

• Centros de detención especializados: La ley establece que los menores que queden en situación de cumplimiento efectivo de pena no podrán compartir espacios con adultos, y deben recibir atención integral que incluya educación, atención de la salud, apoyo psicopedagógico y planes de reinserción social.

La aprobación en el Senado contó con el respaldo de múltiples bloques, reflejando un consenso mayoritario sobre la necesidad de actualizar el marco normativo en materia de justicia juvenil. En los discursos previos a la votación, varios legisladores señalaron que la medida busca adaptar el sistema penal a las realidades actuales, donde hechos de violencia cometidos por menores han generado preocupación social.

Sin embargo, también hubo expresiones de cautela y pedidos de reforzar políticas sociales y educativas para prevenir la vulneración de derechos y la exclusión que, según algunos especialistas, son factores de riesgo asociados a la criminalidad juvenil.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se esperan debates adicionales sobre los alcances del régimen, con especial atención en los mecanismos de aplicación, garantías judiciales y recursos destinados a su implementación efectiva.