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Gestión Ambiental fortalece su capacidad de control minero con nueva flota y laboratorio móvil

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    Diario Libre
  • 11 ago
  • 2 Min. de lectura

La inversión supera los 200 millones de pesos y permitirá ampliar la fiscalización ambiental en todo el territorio provincial, incluso en zonas de difícil acceso.

11 de agosto de 2025

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La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan incorporó cinco camionetas cero kilómetro y un laboratorio móvil de última generación, en el marco de una inversión estratégica que busca optimizar la cobertura territorial y reforzar el control ambiental sobre la actividad minera.


El nuevo equipamiento, que supera los 200 millones de pesos, permitirá a los equipos técnicos ampliar las inspecciones a proyectos en distintas etapas —prospección, exploración y explotación—, garantizar mayor seguridad a los inspectores y mejorar la calidad técnica de los controles.


El laboratorio móvil, operado por el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI), está preparado para realizar monitoreos de calidad de agua, suelo y aire directamente en terreno. Cuenta con autonomía para recorrer hasta 1.000 kilómetros sin recarga de combustible, lo que le permite operar en zonas cordilleranas sin necesidad de abastecimiento. Además, posibilita mediciones de parámetros en campo, análisis preliminares de muestras y calibración de instrumental en el sitio, superando las limitaciones logísticas que enfrentaban las inspecciones en áreas remotas.


Según datos oficiales, entre 2024 y lo que va de 2025 la Policía Minera efectuó más de 300 inspecciones en distintos puntos de la provincia, en un trabajo articulado con otras áreas del Gobierno y municipios, especialmente para el acceso a zonas de montaña. Cuando se detectan irregularidades ambientales, la Secretaría puede intimar a los proyectos, suspender actividades y aplicar sanciones si no se corrigen las fallas, tras un proceso administrativo.


La política de control ambiental provincial se apoya en dos ejes: la evaluación técnica de los proyectos mineros y la fiscalización efectiva en el territorio. El objetivo, remarcan desde el organismo, es consolidar un sistema robusto, preparado para responder a los desafíos de una minería responsable, en línea con la visión estratégica que impulsa el gobernador Marcelo Orrego.

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