Greenpeace reactiva una campaña contra la ley de glaciares y busca bloquear los correos de los senadores

La organización ambiental lanzó una nueva acción digital con el objetivo de saturar las casillas de correo de los senadores nacionales, instalando la idea de que cualquier postura distinta implica “negociar con el agua” de los argentinos.

Greenpeace volvió a poner en marcha una campaña digital contra la minería y la posible modificación de la ley de glaciares, apelando nuevamente a consignas basadas en el miedo y a una estrategia que busca bloquear los canales de comunicación de los senadores nacionales mediante el envío masivo de correos electrónicos.

La iniciativa, lanzada en las últimas horas, no es nueva. En 2013 la organización impulsó una acción similar contra la mina Veladero, de Barrick, utilizando el mismo argumento y exponiendo a miles de militantes que, sin información completa, participaron de una campaña que derivó en respuestas individuales por parte de la empresa y advertencias sobre posibles implicancias legales vinculadas a delitos informáticos.

Ese antecedente no es mencionado en la actual campaña. Tampoco se informa que este tipo de acciones deja librada la responsabilidad legal a los propios militantes, mientras los equipos jurídicos de las empresas mineras evalúan el alcance de los ataques digitales. La omisión de estos riesgos vuelve a exponer a seguidores que creen actuar en defensa del ambiente, sin conocer el trasfondo ni las consecuencias.

Lo más llamativo de la estrategia es su carácter abiertamente antidemocrático. El objetivo explícito es impedir que los senadores —representantes de las provincias— puedan expresarse libremente, recibir apoyos o intercambiar opiniones con ciudadanos que no comparten la visión de Greenpeace sobre el desarrollo productivo.

La base de militantes

Según datos conocidos, Greenpeace cuenta en Argentina con una base activa de alrededor de 13.000 militantes, a los que se suman miles de cuentas automatizadas. Con ese respaldo, la organización intenta frenar cualquier debate sobre la ley de glaciares, una norma que durante años fue sostenida más por consignas alarmistas que por documentación científica sólida.

La campaña busca instalar que cualquier revisión del marco legal equivale a poner en riesgo el agua, ocultando deliberadamente que las provincias aplican criterios técnicos y científicos para el cuidado de los recursos naturales, tal como ocurre en países desarrollados. También se omite el debate sobre la propiedad provincial de los recursos y la posibilidad de compatibilizar protección ambiental con desarrollo.

Desde el punto de vista comunicacional, la estrategia resulta rudimentaria: anonimato, saturación de correos y consignas simplificadas.

Una mentira se tapa con otra más grande, sin importar si se incurre en falsedades, si se expone a comunidades enteras al atraso o si se pone en riesgo a los propios seguidores frente a situaciones de acoso digital.

El mensaje se repite: “el agua está en peligro” y “la ley de glaciares no se toca”. No importa si la afirmación es falsa o si el método utilizado roza la ilegalidad. Lo central es deslegitimar al que piensa distinto, caricaturizar a quienes defienden el desarrollo y evitar cualquier discusión técnica seria.

Así, una vez más, la campaña antiminera no busca informar ni debatir, sino silenciar voces, condicionar decisiones políticas y presentar como enemigos del ambiente a quienes sostienen que la protección de los recursos naturales también debe incluir oportunidades de desarrollo para las personas.