Histórico fallo judicial en San Juan: condenas a prisión para Graffigna, Alday y otros implicados en la causa de expropiaciones

Tras casi 15 años de proceso, el tribunal resolvió penas de prisión efectiva para nueve imputados en una de las causas por corrupción más importantes de la provincia. Además, deberán devolver más de $13 mil millones al Estado.

4 de julio de 2025

Este viernes, pasadas las 13 horas, se conoció el veredicto del juicio por la denominada megacausa de expropiaciones, iniciada en 2010. En una audiencia pública llevada a cabo en el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, el tribunal colegiado conformado por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón dictó sentencia contra los 12 imputados: nueve fueron condenados a penas de prisión efectiva y tres resultaron absueltos.

Entre los principales condenados se encuentran Santiago Graffigna y Horacio Alday, señalados como organizadores de un esquema de fraude al Estado provincial a través de maniobras relacionadas con sobreprecios en expropiaciones de terrenos. Además de las penas de prisión, el fallo impone a los culpables la devolución al Estado de $13.110.880.247, monto estimado del perjuicio económico ocasionado.

A pesar de haber recibido penas de prisión efectiva, los condenados permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme. Durante este período deberán presentarse ante una comisaría entre el 1 y el 10 de cada mes, entregar sus pasaportes y tienen prohibido salir del país.

Principales condenas

• Santiago Graffigna: 7 años y 8 meses de prisión por fraude y estafa en ocho hechos consumados y seis en grado de tentativa, además de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

• Horacio Alday: 6 años de prisión por coautoría en siete hechos de fraude y estafa, dos en grado de tentativa, y asociación ilícita como miembro.

• Carlos Macchi (exjuez): 6 años y 2 meses por fraude en dos hechos, tentativa en tres y participación en asociación ilícita. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

• Mario Díaz: 6 años de prisión por fraude en seis hechos, tentativa en cuatro, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita. Inhabilitación perpetua.

• Ana María Melvin: 4 años por fraude en siete hechos, tentativa en cuatro, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita. Inhabilitación perpetua.

• Néstor Adán Ruiz: 4 años y 6 meses de prisión por fraude en cinco hechos, tentativa en dos y asociación ilícita.

• Juan Pablo Quiroga: 3 años por fraude en tres hechos y asociación ilícita.

• Víctor Hugo Bustos: 3 años y 6 meses por estafa en tres hechos y asociación ilícita.

• José Moreno: 3 años por fraude en dos hechos, tentativa en dos, incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Fueron absueltos Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 4 de agosto.

Una causa de gran impacto institucional

La investigación se originó en octubre de 2010 a raíz de una denuncia realizada por el Gobierno de San Juan ante la Fiscalía de Instrucción N.º 1, en relación con presuntas irregularidades en el pago de expropiaciones. A partir de un sumario administrativo se detectaron sobreprecios injustificados en terrenos adquiridos por el Estado provincial, que habrían sido manipulados por un entramado de abogados y funcionarios.

Durante el proceso se comprobó que los imputados se valieron de su conocimiento del sistema judicial para ejecutar las maniobras fraudulentas. El juicio oral, que comenzó el 19 de octubre de 2022, se extendió por casi tres años, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos en la historia de la justicia sanjuanina.

El caso también provocó consecuencias institucionales relevantes. Carlos Macchi fue destituido como juez del Quinto Juzgado Civil tras un jury de enjuiciamiento, mientras que Norberto Baistrocchi, abogado de la Fiscalía de Estado, fue cesanteado previamente.

La audiencia de este viernes contó con la presencia de fiscales, querellantes y familiares de los imputados. Aunque los principales condenados anticiparon que apelarán la sentencia, tanto el Ministerio Público como la querella expresaron conformidad con el fallo, aunque consideraron que las penas solicitadas inicialmente no fueron plenamente atendidas.

Por último, los imputados Fernando Videla y Pedro Bazzani aún no fueron juzgados. El tribunal ordenó la realización de juntas médicas para determinar si están en condiciones de afrontar un juicio oral.

VIDEO DE LA RESOLUCIÓN