Incendios en la Patagonia: el Gobierno gira $120.000 millones a los bomberos

Más de 1.000 asociaciones de primer grado serán alcanzadas por los subsidios nacionales destinados al combate del fuego.

En el marco de los incendios que afectan a la Patagonia y tras los cuestionamientos por el recorte presupuestario, el Gobierno nacional dispuso la transferencia de $120.000 millones en subsidios para los bomberos voluntarios de todo el país. La medida alcanza a 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas, que recibirán $94.924.971,75 cada una.

Los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento, materiales de protección y al mantenimiento de las unidades operativas. El esquema de financiamiento contempla también partidas específicas para entidades de segundo y tercer grado vinculadas al sistema nacional de bomberos voluntarios.

Según lo establecido en la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, las federaciones provinciales recibirán dos transferencias de $7.754.639.995,93 cada una, distribuidas de manera proporcional de acuerdo con la cantidad de asociaciones afiliadas. Estos recursos estarán orientados a cubrir gastos de funcionamiento, representación institucional y capacitación.

Los pagos se realizarán de forma trimestral a través del Banco de la Nación Argentina y estarán sujetos a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora y al cumplimiento de las obligaciones administrativas de cada institución beneficiaria.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios percibirá $7.754.640.000 destinados a la Academia Nacional de Capacitación y $2.584.880.000 para gastos operativos. En tanto, la Agencia Federal de Emergencias dispondrá de $2.584.880.009,64 para tareas de fiscalización, formación de instructores y adquisición de equipamiento regional.

Las entidades que reciban los fondos deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos mediante placas o ploteos con la leyenda “Subsidio Nacional Ley N° 25.054”. La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios será la encargada de supervisar el correcto uso de los recursos y podrá suspender las transferencias a aquellas instituciones que presenten irregularidades en sus rendiciones de cuentas digitales.