Juicio por YPF: el Gobierno argentino anticipa otro fallo adverso y acusa a "buitres domésticos"

La administración de Javier Milei busca respaldo de Estados Unidos y descarta cualquier negociación con Burford Capital.

10 de julio de 2025

El Gobierno nacional se encuentra en estado de alerta ante la inminencia de un nuevo fallo adverso en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La causa, que tramita ante el tribunal del distrito sur de Manhattan a cargo de la jueza Loretta Preska, podría sumar en las próximas horas una decisión que complique aún más la posición argentina.

La gestión de Javier Milei se muestra furiosa con lo que considera “buitres domésticos”, a quienes responsabiliza por entorpecer la defensa del Estado. En ese grupo incluye a exfuncionarios, analistas, abogados y empresas que —según el Gobierno— buscan obtener réditos económicos o políticos a partir de una situación crítica para el país. En ese contexto, la Casa Rosada adelantó que pedirá al Gobierno de Estados Unidos que emita una opinión oficial en el proceso, tal como sucedió en 2024 durante la gestión de Joe Biden.

Qué se espera del tribunal

Aunque no está claro aún el contenido del próximo fallo, la jueza Preska debe decidir si suspende la ejecución de la sentencia que ordena entregar a Burford Capital el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado, como parte de pago de la millonaria indemnización. Entre las posibilidades se encuentran:

• Convocar a una audiencia con las partes para escuchar nuevos argumentos.

• Suspender la sentencia hasta que se definan causas relacionadas.

• Autorizar una apelación directa del Estado argentino sin exigir garantías.

• Exigir el cumplimiento de garantías, cuya omisión podría derivar en un desacato.

En 2023, Argentina fue condenada a pagar USD 16.000 millones, a lo que se suman USD 2,5 millones de intereses diarios, cifra que ya habría elevado el monto por encima de los USD 17.000 millones. La causa se originó en la expropiación de YPF realizada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en una operación que la justicia estadounidense calificó de “irregular”.

Señalamientos y tensiones internas

Desde la Procuración del Tesoro, que lidera Santiago Casto Videla, acusan al gobernador bonaerense Axel Kicillof de entorpecer la estrategia judicial tras su reciente defensa pública del proceso de expropiación. El organismo denunció que los demandantes utilizaron los dichos del exviceministro de Economía como prueba ante Preska.

“Es indignante cómo alimentan a los buitres con la mano”, señalaron desde el entorno presidencial, acusando a Kicillof de reforzar la postura de Burford con sus declaraciones. También criticaron a exprocuradores del gobierno de Cambiemos, como Facundo Saravia Frías y Carlos Balbín, por sus apariciones mediáticas.

Estrategia oficial: sin diálogo ni concesiones

El Gobierno ratificó que no negociará con Burford Capital, a pesar de que el fondo habría mostrado señales de interés por llegar a un acuerdo. La negativa se alinea con la postura adoptada por gestiones anteriores, que evitaron cualquier acercamiento para no sentar precedentes desfavorables.

Actualmente, el equipo legal del Estado —en coordinación con funcionarios de la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y la Cancillería— trabaja en una estrategia unificada para afrontar la siguiente etapa del juicio. Oficialmente, YPF no participa de estas reuniones, ya que cualquier contacto entre la petrolera y el Estado podría reforzar la teoría del “alter ego”, según la cual ambos serían indistinguibles, un punto central en la argumentación de Burford.

El desenlace del caso YPF podría tener consecuencias políticas, financieras y jurídicas de gran alcance, en un contexto de debilidad fiscal y creciente tensión internacional para el Gobierno argentino.