Juicio por YPF: los fondos demandantes proponen negociar un acuerdo con el Gobierno argentino

Tras el fallo de Preska, los acreedores ofrecieron una salida alternativa: aceptarían una quita o el pago mediante bonos, mientras el Gobierno evalúa apelar.

1 de julio de 2025

Luego del fallo judicial que ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012, los fondos demandantes comenzaron a manifestar públicamente su voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional.

La sentencia, emitida por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, le da a la Argentina un plazo de 14 días para depositar los títulos en una cuenta del Bank of New York Mellon (BNYM), como parte del pago de los US$16.000 millones más intereses, lo que eleva la suma total a US$17.750 millones.

A pesar de que el presidente Javier Milei anunció que apelará la decisión, los acreedores –principalmente Burford Capital y Eton Capital– dejaron trascender que podrían aceptar una quita sobre el monto reclamado o incluso acordar un esquema de pago a través de bonos soberanos.

Según un informe de la consultora Adcap, el Gobierno tiene tres caminos posibles: acatar el fallo y entregar las acciones, apelar para intentar revertirlo o sentarse a negociar una solución directa con los fondos. “Sin un diálogo significativo no hay resolución posible, y continuar demorando las definiciones sólo deteriora la credibilidad del país”, advirtieron desde la firma.

En este contexto, los intereses de la deuda siguen acumulándose a una tasa anual del 5,42%, lo que equivale a cerca de US$3 millones diarios por la demora en el cumplimiento de la sentencia.

El litigio por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el Estado nacional compró la participación de Repsol en la compañía sin realizar una oferta pública a los demás accionistas, tal como lo exigía el estatuto de la petrolera. Esa omisión fue la base para que la jueza Preska considerara que el país debía indemnizar a los restantes tenedores afectados.

Ahora, será la Procuración del Tesoro la encargada de presentar la apelación en la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, mientras en el Gobierno se maneja con cautela la estrategia jurídica y los tiempos del proceso.