Uno de los involucrados en las estafas con venta de lotes, con un jefe sindical implicado, buscó quedar en libertad

El empresario Francisco Fernández Muñoz, de 43 años, detenido por su presunta participación en un esquema de estafas reiteradas, sigue siendo uno de los principales involucrados en la causa que sacudió la provincia de San Juan. La jueza Celia Maldonado de Álvarez le dictó la prisión preventiva tras su imputación, que debe cumplir en la comisaría, sin embargo, su defensa solicitó una nueva revisión de las medidas de coerción.

2 de Julio 2025

A través de su abogado, Guidet Montilla, se planteó la posibilidad de que Fernández Muñoz cumpla la prisión preventiva en su domicilio debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple, recomendándose para su mejor cuidado que continúe bajo tratamiento médico en su vivienda. No obstante, la fiscalía, encabezada por Duilio Ejarque, se opuso a este pedido, argumentando que el detenido debe seguir en la comisaría y subrayando que la médica legista había confirmado que Fernández Muñoz podía continuar detenido con su medicación habitual, y en caso de complicaciones, sería trasladado a un hospital. La jueza mantuvo la decisión inicial, por lo que el imputado será trasladado de la comisaría 6ta a la 28va, pero continuará cumpliendo su prisión preventiva de 20 días.

El Proyecto Nogales VII: las denuncias contra FernándezEl caso está relacionado con el Proyecto Nogales VII, una serie de ventas fraudulentas de lotes en el departamento Pocito. Este proyecto comenzó en 2019 y prometía la venta de 105 lotes de 300 m². Los propietarios de la empresa constructora Afcom S.R.L., Francisco Fernández y Miguel Aciar, que se encuentran implicados en el fraude, vendieron terrenos a interesados sin contar con los documentos de mensura ni la aprobación de los planos correspondientes.

La modalidad consistía en firmar contratos ante escribano público, en los que los compradores pagaban una cuota inicial en efectivo y luego acordaban un plan de pago de hasta 60 cuotas. Sin embargo, a pesar de que el dinero se pagaba y los contratos se firmaban, no se realizaron avances en la obra ni en la urbanización de los terrenos, y los compradores se encontraban constantemente con excusas de todo tipo, como trabas burocráticas, problemas con la municipalidad, e incluso la pandemia.

En un giro adicional, los responsables informaron a los compradores que los terrenos que originalmente tenían 300 m² pasarían a ser de 400 m², solicitando un pago extra para cubrir la diferencia. A pesar de que todos los compradores accedieron al pedido, nunca se concretaron avances en el proyecto. Este fraude se complejizó aún más cuando la empresa Afcom S.R.L. dejó de figurar en el proyecto y fue sustituida por una nueva firma, D.G.A., compuesta por Aciar y un tal Guiñazú. Esta empresa, que figuraba con varios domicilios cambiantes, acabó desapareciendo por completo, lo que llevó a los damnificados a denunciarla como una "empresa fantasma".

Hasta la fecha, se han registrado 13 denuncias contra los responsables, aunque la fiscalía desconoce si se vendieron los 105 lotes prometidos. Dado el modo de operación y las múltiples versiones de la empresa, es posible que haya más víctimas aún no identificadas. Los montos involucrados en la venta de los terrenos, tanto para los lotes de 300 m² como para los de 400 m², continúan siendo investigados en detalle.

Este caso sigue su curso judicial, con más personas afectadas a la espera de justicia. Los acusados enfrentan serias imputaciones por estafa y fraude que podrían derivar en penas severas si se demuestra la magnitud de la falsificación y el perjuicio causado a los compradores engañados.