La Corte sanjuanina exime a Barrick de pagar casi un millón de dólares por uso del Cerro Coronel

El máximo tribunal provincial rechazó el reclamo de los expropietarios de un predio en Iglesia, donde funciona una antena clave para las comunicaciones de Veladero. La decisión dejó sin efecto la indemnización de U$S 969.360 que había sido dictada en primera instancia. En medio del litigio, la Municipalidad de Iglesia expropió las 55 hectáreas en disputa.

La Corte de Justicia de San Juan resolvió rechazar el planteo presentado por los expropietarios del Cerro Coronel, en Iglesia, y convalidó que la empresa minera Barrick no pague la indemnización de casi un millón de dólares que había sido impuesta en primera instancia por el uso del predio. La decisión, adoptada por la Sala I e integrada por Juan José Victoria, Marcelo Jorge Lima y Guillermo Horacio De Sanctis, se basó en que el Recurso Extraordinario Provincial (REP) presentado por los particulares presentaba “una deficiencia estructural en la fundamentación” que impedía su admisión formal.

La disputa se remonta a mayo de 2023, cuando un fallo de primera instancia ordenó a Barrick pagar U$S 969.360, equivalente a más de 1.200 millones de pesos actuales, por los daños y perjuicios ocasionados al utilizar durante años el Cerro Coronel, donde la empresa mantiene la “Antena Coronel”, vital para las comunicaciones de la mina Veladero. En ese juicio se determinó que la compañía no contaba con contrato ni permiso de la propietaria, Irene Leonardi, pese a invocar una servidumbre minera.

En 2024, la Sala I de la Cámara Civil revocó la sentencia y liberó a Barrick del pago millonario, lo que llevó la causa a la Corte. Paralelamente, y antes de esta resolución definitiva, la Municipalidad de Iglesia, encabezada por Jorge Espejo, dispuso la expropiación del terreno, alegando razones de utilidad pública y advirtiendo que la remoción de la antena causaría “daños irreparables” para la economía local y las comunicaciones del departamento. El municipio pagó 7.509.300 pesos por las 55 hectáreas, según el Tribunal de Tasaciones.

De este modo, la familia Leonardi perdió no solo la propiedad del predio sino también la posibilidad de cobrar la indemnización que habían obtenido en la primera sentencia, cerrando así un conflicto que expuso la tensión entre intereses privados, infraestructura estratégica y el impacto de la actividad minera en San Juan.