Ley de Glaciares: el Senado le dio más autonomía a las provincias, como pedían desde San Juan

El Senado de la Nación aprobó este jueves —en una nueva sesión legislativa del Congreso— el proyecto de modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (conocida como Ley de Glaciares), entregándole mayor autonomía a las provincias para definir y gestionar las áreas protegidas dentro de sus territorios, tal como venían reclamando desde San Juan y otras jurisdicciones cordilleranas. La iniciativa, que fue votada por mayoría, ahora seguirá su trámite en la Cámara de Diputados de la Nación.

La reformulación aprobada por la Cámara alta modifica la ley vigente desde 2010 y aclara quiénes y cómo pueden gestionar la protección de los glaciares y los ambientes periglaciales dentro de cada jurisdicción. El texto destaca que solo serán objeto de protección aquellas reservas de agua hídrica relevante, y establece que las provincias estarán facultadas a realizar estudios técnicos y científicos para excluir del Inventario Nacional ciertos cuerpos del ambiente periglacial si demuestran que no representan reservas activas de agua.

Este enfoque reconoce de manera más explícita el rol provincial en la interpretación y aplicación de estándares ambientales específicos para su territorio, un punto que había sido exigido por las autoridades de San Juan, donde la actividad minera y la gestión del recurso hídrico son temas centrales en la agenda pública y productiva.

La modificación del régimen legal obtuvo media sanción en el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa se encontraban representantes de distintos bloques y provincias con actividades mineras significativas, incluido el senador sanjuanino Sergio Uñac y otros mandatarios provinciales aliados al proyecto, mientras que algunas bancadas opositoras se dividieron o rechazaron la propuesta.

La votación se inscribió dentro de un debate amplio que incluyó posiciones a favor de otorgar seguridad jurídica para inversiones productivas y gestión territorial y posturas en contra desde sectores ambientalistas que resaltaron la importancia de mantener estrictos criterios de protección para todos los cuerpos de hielo y ambientes asociados.

Desde el Ejecutivo de San Juan, el cambio fue interpretado como un avance hacia un federalismo ambiental más fuerte, que reconoce a las jurisdicciones cordilleranas la capacidad de decidir con base técnica dónde proteger con prioridad los recursos hídricos estratégicos y cómo compatibilizar esa protección con la posibilidad de desarrollo económico.

El proyecto reformado ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno espera que se complete el proceso legislativo para su sanción definitiva, lo que generará nuevas instancias de debate político, técnico y social antes de convertirse en ley.