Los tres antecedentes de empleados públicos que quedaron bajo la lupa de la Justicia y generaron revuelo en San Juan

En el transcurso de menos de un año, tres empleados públicos de San Juan se han visto implicados en causas judiciales de gran repercusión, que incluyen delitos como narcotráfico, falsificación de documentos e intimidación pública. Estos casos han generado gran conmoción en la sociedad local y se encuentran bajo investigación de los tribunales correspondientes.

2 de Julio 2025

Uno de los casos más recientes involucra a Natalia Castillo, empleada del Registro Civil de Pocito, quien fue detenida e imputada el 30 de junio de 2025.

Castillo está acusada de formar parte de una banda delictiva dedicada a la falsificación de documentos oficiales, facilitando la usurpación de identidades para llevar a cabo estafas financieras. Según la investigación, Castillo habría entregado DNI y certificados adulterados desde su puesto en el Registro Civil, los cuales luego eran utilizados para abrir cuentas bancarias, operar en billeteras virtuales y realizar compras con identidades falsas. El cabecilla de la banda sería Rolando Javier Navarro Zaide, alias "El Narigón", quien cuenta con al menos 13 causas penales en su haber. Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas en relación con esta causa, que continúa su curso en el fuero federal.

Este no es el único expediente que involucra a empleados estatales en situaciones delictivas. Un mes antes, en mayo de 2025, Rosario Cortés Zmutt, bioquímica residente del Hospital Rawson, fue imputada por su participación en un falso llamado de amenaza de bomba que movilizó a la policía y causó una evacuación masiva en el principal centro de salud de la provincia. La amenaza, que generó pánico y alteró la rutina del hospital, fue considerada como intimidación pública, delito por el cual la Fiscalía la procesó con penas que oscilan entre los 2 y 6 años de prisión. Aunque la joven fue detenida en el marco de la investigación, recuperó la libertad horas después, pero el proceso sigue en curso.

El antecedente más antiguo de estos casos corresponde a Ángel Carlos "Richar" Garay, un empleado de la Municipalidad de 25 de Mayo, quien en noviembre de 2024 fue procesado con prisión preventiva por su presunta implicación en una banda narco desbaratada por la Justicia Federal. En esta causa, Garay habría colaborado con el traslado de 115 kilos de marihuana utilizando un vehículo oficial, bajo la supuesta excusa de transportar ropa para una conocida. Los investigadores, sin embargo, descreen de esta versión, dada la magnitud y las circunstancias del traslado que se realizó en horas de la madrugada. Junto a Garay, otras siete personas fueron procesadas en esta causa, que se considera uno de los operativos más importantes del último año en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

Estos tres casos de empleados públicos involucrados en delitos de gran trascendencia han puesto en evidencia la vulnerabilidad de algunas instituciones estatales, así como el impacto que la implicación de sus trabajadores en actividades ilícitas puede tener sobre la confianza pública y la seguridad jurídica. Las investigaciones continúan y las autoridades judiciales se encuentran analizando las pruebas y testimonios para definir las responsabilidades de los implicados en cada uno de los hechos.