Mario Capello vuelve a poner la lupa sobre el uso de regalías y fondos mineros en Iglesia

El ex diputado nacional y ex subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, volvió a insistir en la necesidad de transparentar el destino de los recursos que, durante casi dos décadas, llegaron al departamento Iglesia en concepto de regalías y fondos fiduciarios. Según el dirigente del Grupo Sarmiento, más de 265 millones de dólares ingresaron a las arcas municipales y provinciales desde 2006, sin que hasta el momento exista una rendición clara sobre su utilización.

Capello sostiene que tanto actuales como exautoridades iglesianas deberían informar públicamente qué uso se dio a esos recursos. “Es una obligación constitucional y ética hacerlo sin necesidad de que nadie lo reclame”, advirtió, cuestionando las respuestas que, a su entender, han sido “infantiles y amañadas”, más orientadas a justificar gestiones políticas que a transparentar los hechos.

Desde el Grupo Sarmiento, Capello plantea que la inquietud trasciende las fronteras de Iglesia. “No es una cuestión local, explica, sino un tema que involucra a todos los sanjuaninos y argentinos que creemos en una minería honesta, transparente y generadora de desarrollo real.”

El dirigente alerta sobre lo que considera una posible “desaparición de dineros públicos de magnitud histórica”, y señala que recorrer el departamento basta para notar la falta de obras e infraestructura que deberían haberse concretado con los fondos percibidos.

De acuerdo con la información difundida, además de las regalías mineras, el departamento habría recibido recursos de tres Fondos Fiduciarios.

• Fondo de Infraestructura Lama y Fondo Área Biosfera San Guillermo (Ley 1062-M, 2006), con aportes por más de 29 millones de dólares hasta la suspensión de Pascua-Lama.

• Fondo Rajo Argenta (Ley 1113-M, 2011), destinado a obras de infraestructura, salud, educación y desarrollo sustentable en zonas de influencia de Veladero.

• Fondo Fase 6 Veladero (Ley 2338-M, 2022), que continúa tributando el 1,5% del valor exportado por la mina, con el mismo objetivo de financiar infraestructura y desarrollo sustentable.

  
  

Según los cálculos presentados por Capello, sumando regalías y aportes fiduciarios, Iglesia debió recibir más de 265 millones de dólares entre 2006 y 2025. La pregunta que surge, dice el exfuncionario, es simple y contundente. “¿Dónde están esos fondos?”

El planteo también pone en relieve el rol de los organismos de control. Capello recuerda que la Constitución de San Juan, en su artículo 256, otorga al Tribunal de Cuentas la facultad de aprobar o desaprobar la legitimidad en la inversión de caudales públicos. Asimismo, el artículo 27 garantiza el Derecho a la Información, y el artículo 43 establece la responsabilidad funcional de quienes, en ejercicio de cargos públicos, violen derechos o lesionen los intereses del Estado.

Desde esa perspectiva, el exdiputado sostiene que el silencio de las instituciones encargadas de fiscalizar y de las autoridades que administraron los recursos “agrava la sospecha y posterga respuestas que la sociedad tiene derecho a conocer”.

En su análisis, Capello cita al economista peruano César Polo Robillard, quien en 2006 señalaba que “el uso de la renta generada por la minería es crítico para ver si ésta promueve o no el desarrollo económico; cuando hay corrupción, guerra o malgasto de esta renta, la minería será negativa en vez de positiva para el desarrollo económico.”

Bajo esa premisa, el exfuncionario afirma que su objetivo no es cuestionar la minería, sino promover una actividad “pujante, honesta y transparente”, capaz de traducirse en oportunidades de crecimiento para las comunidades de la cordillera sanjuanina.