Municipios sanjuaninos en riesgo: dejarán de cobrar $25.000.000.000 si los obligan a quitar las tasas de la boleta de luz

Los 19 municipios de San Juan podrían dejar de percibir $25.000 millones anuales si se elimina el cobro de tasas municipales en las boletas de luz, una medida que depende de la confirmación de un fallo judicial. Esta situación surge tras la decisión del Juzgado Federal N° 2, que rechazó un recurso del municipio de Rawson contra la Resolución N° 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Esta norma prohíbe incluir conceptos ajenos al servicio eléctrico en las facturas.

Pese al fallo adverso, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) aseguró que el Cargo Único Municipal (CUM) seguirá vigente en San Juan hasta que la Justicia federal resuelva la cuestión de fondo. Según el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, el CUM es fundamental para financiar el alumbrado público, un servicio clave para la seguridad y la vida cotidiana de los ciudadanos.

La controversia judicial y política

El fallo judicial rechazó la medida cautelar solicitada por Rawson, pero aún no definió si la resolución nacional es constitucional. Mientras tanto, los municipios sanjuaninos argumentan que la eliminación del CUM representa un golpe financiero severo, ya que estas tasas son una fuente crucial de ingresos.

Ferrero explicó que en San Juan rige un tope provincial al cobro de estas tasas, establecido mediante el decreto 841/24 del Ministerio de Infraestructura. Este límite busca evitar abusos y garantizar que los montos reflejen los costos reales del suministro eléctrico para el alumbrado público y edificios municipales.

Impacto financiero y debate normativo

Desde el Ministerio de Economía de la Nación, se instó a las provincias a ajustar sus normativas y eliminar las tasas municipales que no estén directamente relacionadas con los servicios prestados. Según la cartera nacional, estas tasas serían “ilegales y arbitrarias” bajo la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. Incluso se sugirió suspender la coparticipación a los municipios que incumplan la normativa.

En respuesta, Ferrero destacó que los municipios de San Juan ya se ajustaron al tope provincial, logrando un ahorro acumulado de $5.200 millones para los usuarios en el último año. Sin embargo, subrayó que la continuidad del CUM depende de la resolución judicial definitiva.

Una medida bajo escrutinio

El debate entre las normas nacionales y provinciales refleja tensiones en torno a la autonomía de los municipios y sus fuentes de financiamiento. Los intendentes sanjuaninos, liderados inicialmente por Rawson, han solicitado que se declare la inconstitucionalidad de la medida nacional, mientras que el EPRE sostiene que el CUM es indispensable para mantener un servicio de alumbrado público adecuado y moderno.

Por ahora, la Justicia federal tiene la última palabra en un caso que podría transformar la relación financiera entre los municipios y sus ciudadanos.