Revelan cuánto pagó Adorni por su departamento en Caballito y quiénes financiaron el 87%

La operación inmobiliaria realizada en noviembre de 2025 derivó en una investigación judicial por el origen de los fondos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo investigación tras la compra de un departamento en Caballito por un valor de 230 mil dólares. La operación, concretada el 18 de noviembre de 2025, generó sospechas por su esquema de financiamiento, ya que el 87% del monto habría sido aportado mediante un crédito otorgado por dos jubiladas.

Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble, la vivienda —de लगभग 200 metros cuadrados— pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes además de vendedoras figuran como acreedoras de un crédito hipotecario por USD 200 mil, dividido en partes iguales.

El inmueble había estado previamente a nombre del exfutbolista Hugo Alberto Morales, y la operatoria quedó asentada formalmente en los registros oficiales, lo que motivó el análisis judicial sobre la estructura del financiamiento.

La causa se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, donde el fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba para investigar un presunto enriquecimiento ilícito. Entre los requerimientos se incluyen pedidos de información sobre bienes, movimientos financieros y activos tanto de Adorni como de su esposa.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano denunció un incremento patrimonial del 500% en un solo período fiscal y señaló inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Entre las observaciones se mencionan activos no declarados, depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos y la incorporación de USD 24.500 en efectivo, que Adorni habría atribuido a préstamos familiares.

La investigación también analiza otras operaciones inmobiliarias realizadas en el mismo período, como la compra de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, y que no habría sido informada en su totalidad ante la Oficina Anticorrupción.

Con estos elementos, la Justicia busca determinar el origen de los fondos, la veracidad de las declaraciones patrimoniales y la eventual existencia de activos no registrados en el patrimonio del funcionario.