Rodolfo García enfatiza la necesidad de cambiar el marco legal para combatir la minería ilegal

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señaló que enfrentar esta actividad requiere una acción coordinada de los tres poderes del Estado y la corrección urgente de las deficiencias legales que limitan la capacidad operativa del Gobierno.

García Esquerre sostuvo que “el problema de la minería ilegal no es solo del Ejecutivo, es un problema de Estado”, y subrayó que la raíz de la problemática está en el marco normativo, que actualmente dificulta la lucha contra esta actividad ilícita.

El funcionario destacó la decisión del Congreso de no extender por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), medida que, según explicó, fortalece el control sobre quienes podrían utilizar la formalización para encubrir actividades ilegales. También valoró la facultad del Ejecutivo para excluir registros cuando corresponda y la decisión de no reincorporar más de 50 mil inscripciones previamente eliminadas, la mayoría vinculadas a actividades no declaradas o ilícitas.

Tras esta depuración, explicó que de los más de 31 mil mineros en proceso de formalización, aproximadamente 24 mil continúan vigentes, mientras que el resto mantiene trámites suspendidos, aunque su formalización es posible.

García Esquerre detalló que este proceso forma parte de una estrategia integral que incluye la erradicación de la minería ilegal y la recuperación ambiental de las zonas afectadas. En ese sentido, recordó la aprobación de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal, que fortalece la acción multisectorial del Estado.

El alto comisionado resaltó los avances del “Modelo Pataz”, basado en rutas fiscales y puestos de control con participación de Sunat, Sucamec y Sutran, que permiten fiscalizar tanto la salida de material minero como el ingreso de insumos, maquinaria y combustibles. García Esquerre agregó que este sistema requiere interoperabilidad entre organismos para garantizar una fiscalización efectiva y señaló la intención de replicar el modelo en otras regiones afectadas por la minería ilegal.