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San Juan prepara una nueva Ley de Proveedores Mineros sin cupos obligatorios y con más controles

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    Diario Libre
  • 30 jul
  • 2 Min. de lectura

El Gobierno provincial busca regular el esquema de contrataciones en el sector minero ante el avance de grandes proyectos de cobre. El registro RUPEM quedará sin efecto.


30 de julio, 2025

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En medio del debate por la contratación de empresas extranjeras en proyectos clave como Vicuña, el Gobierno de San Juan avanza en la redacción de una nueva Ley de Proveedores Mineros, con el objetivo de modernizar la regulación del sector y potenciar la participación local con criterios de competencia y transparencia.


La iniciativa reemplazará a la anterior ley del Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), cuya falta de reglamentación impidió su implementación. Desde el Ejecutivo aseguran que el marco legal anterior permitía distorsiones como la habilitación de proveedores con “domicilios fantasmas” y que no contaba con respaldo ni del sector privado ni de los propios proveedores.


La nueva normativa no fijará porcentajes mínimos de contratación local, sino que propondrá un esquema abierto, en el cual los proveedores sanjuaninos deberán competir en condiciones similares a las de empresas nacionales o extranjeras. El objetivo es garantizar eficiencia y evitar costos adicionales por imposiciones contractuales.


Uno de los pilares del proyecto es la redefinición del concepto de “proveedor local”. Para ser reconocido como tal, será necesario contar con un establecimiento operativo real —como una planta, taller o depósito— dentro de la provincia. Se excluirán aquellos que sólo posean un domicilio legal o fiscal.


Además, se distinguirán dos categorías: proveedores locales “de la comunidad” —aquellos ubicados en zonas directamente vinculadas a los yacimientos, como Iglesia o Calingasta— y proveedores del resto de la provincia. Solo las empresas mineras que estén inscriptas en un nuevo registro podrán participar en procesos de contratación.


Como medida sustitutiva de los cupos, todas las empresas mineras estarán obligadas a presentar un “plan de desarrollo de proveedores”. Este documento deberá renovarse anualmente, incluir objetivos progresivos y detallar la contratación de servicios y mano de obra, tanto a nivel local como nacional e internacional. También deberán identificar áreas estratégicas para el fortalecimiento de la cadena de valor local.


Por último, el Gobierno establecerá como requisito que los proveedores locales cumplan los mismos estándares de contratación de mano de obra que las empresas mineras, especialmente en lo referido a la participación de trabajadores sanjuaninos.


Desde el oficialismo remarcan que la ley busca equilibrar desarrollo económico, competitividad y control, en un contexto marcado por la creciente inversión cuprífera en la provincia. La propuesta se encuentra aún en fase de revisión, con participación activa de la Cámara Minera y otros actores del sector

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