Carlos Fernández, condenado en España: el “consultor” radicado en San Juan deberá pagar más de 260 mil euros

El exedil marbellí Carlos Fernández, quien residió en San Juan, Argentina, durante casi dos décadas, fue condenado en España tras haberse entregado voluntariamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a finales de octubre. La Audiencia Nacional lo sentenció al pago de una multa de 4.095 euros y al resarcimiento de 258.678,31 euros en concepto de responsabilidad civil dentro del marco del caso Saqueo II al Ayuntamiento de Marbella, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Durante la audiencia realizada este miércoles, Fernández reconoció su responsabilidad en los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental continuada, y aceptó las penas solicitadas por las acusaciones. De esta manera, el tribunal evitó la celebración del juicio y dictó sentencia inmediata.

El caso Saqueo II investigó irregularidades en la gestión municipal de Marbella entre 1991 y 1999, período durante el cual se desviaron cerca de 70 millones de euros a través de empresas públicas y privadas, además de un fraude a la Seguridad Social por 91 millones. En 2013, la Audiencia Nacional ya había condenado al exalcalde Julián Muñoz y al exasesor urbanístico Juan Antonio Roca por su participación en el mismo expediente.

Fernández, que permaneció prófugo desde 2006, había escapado durante la segunda fase de la Operación Malaya y vivió en Argentina hasta su entrega. En 2017 fue detenido en ese país, pero su extradición fue denegada por la Corte Suprema argentina en 2022, lo que lo dejó en un limbo jurídico. Sin documentación válida y sin posibilidad de regularizar su situación, decidió finalmente pactar su entrega con la Fiscalía española, lo que le permitió evitar la prisión efectiva.

El exconcejal fue parte del Partido Andalucista (PA) y del Gobierno municipal de Marisol Yagüe, donde se desempeñó como teniente de alcalde y concejal de Turismo. Su nombre quedó vinculado a diversas denuncias por irregularidades económicas, motivo por el cual fue expulsado del Ejecutivo local y condenado previamente a dos años de prisión por malversación.