Carlos Fernández, implicado en el mayor caso de corrupción de España y radicado en San Juan: la causa y el juicio que define su futuro

Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella y último prófugo del histórico caso Malaya, regresó voluntariamente a España después de 19 años radicado en San Juan, Argentina, para afrontar la Justicia por su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción de la vida pública española.

Fernández estaba acusado de prevaricación, malversación y cohecho pasivo, por presuntamente haber recibido 150.000 euros del empresario Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la trama. De acuerdo con la acusación, las penas podían alcanzar los 10 años de prisión. Sin embargo, su huida le permitió eludir la prisión preventiva y las condenas que recibieron sus excompañeros del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Durante la década del 90, Fernández fue una figura relevante del gilismo, movimiento político encabezado por Jesús Gil. Ocupó cargos como concejal y teniente de alcalde, y posteriormente lideró el Partido Andalucista (PA) en Marbella, posición que le otorgó un rol clave en las negociaciones municipales.

Fuentes políticas de la época lo describen como un dirigente “autoritario y cínico”, más interesado en el poder que en la gestión.

Regreso voluntario y libertad provisional

El exfuncionario notificó por escrito a la Audiencia Nacional su decisión de regresar a España y comunicó la fecha de su vuelo desde Argentina. Fue detenido en el aeropuerto de Barajas y puesto a disposición judicial, aunque tras comparecer ante el tribunal quedó en libertad provisional. La Justicia valoró su presentación voluntaria y la cercanía del juicio, fijado para el 5 de noviembre, como motivos suficientes para no imponer prisión preventiva.

La Fiscalía no se opuso a la medida, considerando que Fernández “se ha puesto a disposición de la Justicia de forma inequívoca”. Según el auto judicial, su defensa informó oficialmente del viaje el 10 de octubre, y al arribar fue interceptado por la Policía Nacional y trasladado directamente al tribunal.

El juicio que define su destino

Fernández será juzgado en la causa “Saqueo II”, una derivación del caso Malaya que investiga el desvío de fondos públicos durante las administraciones del GIL entre 1991 y 1999. En este proceso, enfrenta cargos por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional estableció que deberá presentarse “para ratificar la conformidad anunciada”, una expresión que anticipa un posible acuerdo con la Fiscalía y podría cerrar definitivamente uno de los capítulos más resonantes de la corrupción política en España.