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Desregulación de la RTO: en San Juan advierten riesgos por posibles irregularidades y cuestionan la viabilidad económica para nuevos talleres

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    Diario Libre
  • hace 6 horas
  • 3 min de lectura

La reglamentación nacional que moderniza el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) comenzó a generar repercusiones en San Juan.



Mientras el Gobierno nacional apuesta a ampliar la competencia y facilitar el acceso al servicio, desde el sector sostienen que la medida abre interrogantes sobre los controles, la rentabilidad y las inversiones necesarias para ingresar al sistema.


La modificación fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y habilita a talleres, concesionarios e importadores a realizar revisiones técnicas siempre que acrediten capacidad técnica y cumplan los requisitos exigidos.


Sin embargo, desde San Juan consideran que la implementación no será tan sencilla como se ha planteado inicialmente.


Uno de los principales cuestionamientos provino de Esteban Labado, quien advirtió que permitir que un mismo taller inspeccione y repare vehículos podría generar situaciones que anteriormente estaban expresamente restringidas.


Según explicó, la prohibición de intervenir mecánicamente sobre los vehículos inspeccionados buscaba evitar conflictos de interés entre la detección de fallas y la posterior reparación.


“La inhibición que tenían los talleres de RTO para meter mano a los vehículos que revisan es para evitar que se preste a avivadas”, señaló.

Desde el sector consideran que el éxito del nuevo esquema dependerá en gran medida de los controles que se implementen para garantizar la transparencia de las inspecciones.


Otro de los puntos destacados por los operadores locales es el elevado nivel de inversión requerido para habilitar nuevas plantas de revisión técnica.


Aunque la normativa amplía el universo de prestadores potenciales, los talleres interesados deberán incorporar equipamiento específico, infraestructura adecuada y cumplir exigencias técnicas que representan desembolsos millonarios.


Labado explicó que durante 2025 analizaron la posibilidad de ampliar la capacidad operativa de su empresa mediante la incorporación de nuevas líneas de inspección, pero concluyeron que la demanda provincial no justificaba la inversión.

“Las máquinas son muy costosas y los requerimientos son muy exhaustivos. Para nosotros no es rentable”, afirmó.


Desde el sector también sostienen que la medida parece diseñada para responder a las necesidades del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde existe un parque automotor mucho más grande y una demanda sostenida durante todo el año.


En San Juan, en cambio, la actividad presenta una marcada estacionalidad. Según los operadores, sólo entre cinco y seis semanas anuales registran niveles elevados de demanda, principalmente durante los períodos vacacionales.


Esa diferencia de escala hace que muchos talleres difícilmente puedan recuperar las inversiones necesarias para incorporarse al sistema.


Pese a las críticas, algunos actores del sector consideran que la desregulación también puede generar oportunidades.


Actualmente existen cuatro centros dedicados a la RTO en la provincia y, según estimaciones del sector, gran parte del año trabajan por debajo de su capacidad operativa.


La posibilidad de realizar verificaciones a vehículos radicados en otras jurisdicciones podría ampliar el mercado disponible para los talleres ya instalados y generar una mayor actividad.


No obstante, también advierten que persisten problemas estructurales, como el bajo porcentaje de vehículos que realizan la revisión técnica y la circulación de certificados apócrifos, factores que limitan la demanda real del servicio.


En ese contexto, la implementación del nuevo sistema abre un escenario de incertidumbre para el sector: mientras Nación busca aumentar la competencia y flexibilizar el mercado, en San Juan muchos operadores consideran que el verdadero desafío estará en garantizar controles efectivos y que las inversiones requeridas resulten económicamente viables.

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