Lázaro Báez deberá pagar una multa de más de 300 millones de dólares por maniobras de lavado

El empresario santacruceño fue intimado a abonar en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de avanzar sobre su patrimonio.

15 de septiembre de 2025

El juez federal Néstor Costabel resolvió que Lázaro Antonio Báez, ex titular de Austral Construcciones, pague en pesos el equivalente a USD 329.237.200,14 en concepto de multa tras su condena firme por lavado de activos agravado en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

La medida se apoya en la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023, que ratificó la condena a 10 años de prisión y estableció la sanción económica equivalente a seis veces el monto de la operación ilícita. El fallo quedó firme el 29 de mayo de este año, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa.

El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, había solicitado frenar la ejecución de la multa al considerar que la unificación de condenas dictada en julio —aún no firme— podría modificar la situación. También planteó la inconstitucionalidad de la sanción, al entender que es confiscatoria, desproporcionada y de cumplimiento imposible frente al patrimonio real del empresario.

Sin embargo, el juez Costabel rechazó los planteos. En su resolución sostuvo que “la pena conjunta de multa adquirió la misma firmeza que la condena principal y carece de sustento normativo la pretensión de la defensa para quitarle dicha inmutabilidad”. Asimismo, aclaró que la ejecución no depende de la unificación de condenas, ya que la sentencia original se encuentra firme y con autoridad de cosa juzgada.

El magistrado intimó a Báez a cumplir con el pago en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de que la Justicia avance sobre su patrimonio para garantizar la ejecución. También dispuso certificar la vigencia de las medidas cautelares ya dictadas sobre sus bienes.

Con esta resolución, Báez enfrenta una de las sanciones económicas más altas impuestas en la Justicia argentina en una causa por delitos de corrupción y lavado de dinero.