El chavismo amenaza con hasta 20 años de cárcel a quienes respalden acciones de Trump contra Venezuela

El Parlamento venezolano aprobó una ley que penaliza con severas condenas a quienes promuevan o apoyen bloqueos navales y actos que el Gobierno califica como “piratería” frente a las costas del país. Organizaciones de derechos humanos alertan por un mayor endurecimiento represivo.

En un contexto de creciente tensión con Estados Unidos y bajo denuncias de profundización de la represión interna, el Parlamento venezolano aprobó este martes una nueva ley que prevé penas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes respalden, promuevan o faciliten desde Venezuela acciones atribuidas al gobierno de Donald Trump contra el país caribeño.

La norma fue aprobada por unanimidad por el oficialismo, que controla de manera absoluta la Asamblea Nacional a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fuerzas aliadas, y representa una advertencia directa a sectores de la oposición y de la sociedad civil que cuestionan al régimen de Nicolás Maduro.

La iniciativa surge tras el despliegue de una flota naval estadounidense en el Caribe sur, el bloqueo de petroleros sancionados y la intercepción de embarcaciones que transportaban crudo venezolano hacia destinos internacionales como China e Irán. Desde Caracas, estas acciones fueron calificadas como “piratería naval” y parte de una estrategia para desestabilizar al Gobierno.

Qué establece la nueva ley

El texto aprobado lleva el nombre de “Ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales” y fue impulsado de manera urgente luego de la confiscación de al menos dos buques petroleros en diciembre.

La norma advierte que “toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje o intercepción de naves” será castigada con penas de prisión de 15 a 20 años, además de multas equivalentes a casi 1,2 millones de dólares y la confiscación de bienes.

El presidente Nicolás Maduro sostuvo que estas medidas buscan garantizar la soberanía nacional y la libre navegación, y acusó directamente a Donald Trump de intentar derrocar a su gobierno mediante presión económica y militar.

Críticas y alertas por mayor represión

Desde organizaciones de derechos humanos cuestionaron con dureza la nueva legislación. Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), advirtió que la ley se suma a un entramado legal destinado a silenciar la disidencia.

“Desde 2024 se ha reforzado una arquitectura jurídica contraria a la Constitución para profundizar el clima de represión interna, inhibir la crítica y acallar las voces disidentes”, afirmó el activista en declaraciones a TN.

Murillo señaló que las penas previstas superan incluso las contempladas en el Código Penal y remarcó que se trata de normas redactadas de manera ambigua, lo que habilita una aplicación discrecional por parte de instituciones subordinadas al Poder Ejecutivo.

“Hay una narrativa basada en la defensa de la soberanía que se utiliza para justificar persecuciones, estigmatización y criminalización de sectores de la sociedad civil”, sostuvo.

Según el referente de Provea, esta ley continúa una línea iniciada con la denominada Ley contra el Odio, aprobada en 2017, que la oposición considera una herramienta para reprimir la protesta y la expresión política.

La aprobación de esta norma refuerza el clima de tensión política en Venezuela, en un escenario marcado por el conflicto con Estados Unidos, las sanciones internacionales y un endurecimiento del control estatal sobre la actividad política y social.