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Arrancan las indagatorias a los 15 acusados por el escándalo de coimas en la Agencia de Discapacidad

  • Foto del escritor: Diario Libre
    Diario Libre
  • 18 nov
  • 2 Min. de lectura

La Justicia inicia este martes las declaraciones a los imputados por presunta corrupción en la ANDIS, donde se investiga una red que habría desviado más de 48 mil millones de pesos mediante sobornos y direccionamiento de compras.


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Comienzan las indagatorias en la causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde exfuncionarios y empresarios están acusados de desviar más de 48.000 millones de pesos del Estado mediante un esquema de sobornos y manipulación de compras. El primero en declarar será Miguel Ángel Calvete, proveedor vinculado a diversas droguerías y empresas de insumos médicos. Para mañana está prevista la presentación del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.


La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, involucra a quince imputados y expone una estructura que habría operado durante casi dos años para direccionar adquisiciones de medicamentos e insumos de alto costo, generando sobreprecios y restringiendo la competencia. El dictamen fiscal describe la existencia de una organización que actuaba desde el interior de la agencia, donde Calvete mantenía contacto directo con Spagnuolo y con Daniel Garbellini para gestionar pagos irregulares y coordinar adjudicaciones millonarias.


En el marco del expediente también fue detenido Pablo Atchabahian, empresario y exfuncionario, quien cumple arresto domiciliario en Las Heras, Mendoza, tras haberse mantenido varias semanas fuera del alcance judicial. El juez Sebastián Casanello consideró que el imputado tenía conocimiento de la causa y capacidad para evadir la investigación, motivo por el cual rechazó el pedido de su defensa para levantar la prisión domiciliaria.


El análisis fiscal señala que las maniobras investigadas afectaron de manera directa al Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas y sin cobertura médica. Entre las pruebas reunidas figuran operaciones financieras entre droguerías y empresas proveedoras, presuntamente destinadas al blanqueo de fondos, así como irregularidades en los procesos de compulsa de precios que habrían favorecido a un grupo reducido de oferentes.


Según Picardi, las droguerías Génesis y Profarma concentraron el 93,11% de los más de 30.000 millones de pesos adjudicados entre julio de 2024 y agosto de 2025 en licitaciones reducidas. En tanto, New Farma y Floresta obtuvieron más del 50% de las adjudicaciones en otros procesos vinculados a insumos médicos e implantes. El monto total bajo investigación supera los 48.783 millones de pesos.


En los allanamientos realizados en la vivienda de Calvete, la Justicia secuestró cuadernos con registros manuscritos que detallan fechas, nombres de empresas, contactos y porcentajes de dinero. También se encontraron listados con beneficiarios, montos y diferencias económicas que sugerirían la distribución interna de ganancias entre los involucrados. La fiscalía analiza además posibles vínculos con la droguería Suizo-Argentina, cuyos responsables no fueron citados en esta primera etapa.


El cronograma de indagatorias continuará en los próximos días con la citación de Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.


La causa sigue en curso y la Justicia busca determinar el nivel de responsabilidad de cada imputado en un presunto entramado que habría perjudicado de manera directa a la administración pública y a miles de beneficiarios del sistema de salud estatal.

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