Reforma laboral: la CGT advirtió que el proyecto “viola la Constitución” y anticipó una posible judicialización

La central obrera celebró la postergación del debate en el Senado y sostuvo que, si la iniciativa avanza sin consensos, volverán las medidas de fuerza y las acciones legales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, aseguró que el proyecto contiene artículos que vulneran principios constitucionales y advirtió que, de avanzar sin modificaciones, recurrirá a la Justicia. Al mismo tiempo, celebró la decisión oficial de postergar su tratamiento en el Senado hasta febrero de 2026.

Las declaraciones fueron formuladas por Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera, quien calificó la postergación como un “gran triunfo táctico” para los trabajadores y atribuyó la decisión a la presión sindical, al trabajo político previo y a la falta de votos suficientes en la Cámara alta.

Según expresó el dirigente, la iniciativa oficial presenta “violaciones a conceptos de carácter constitucional” y advirtió que, de insistir con su aprobación en los términos actuales, el Gobierno “se va a chocar con una pared”. En ese marco, anticipó que el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial si no se habilita una instancia de consenso.

Sola explicó que, antes de la movilización sindical de la semana pasada, la CGT realizó gestiones con gobernadores, senadores y diputados de distintos espacios políticos para advertir sobre las consecuencias del proyecto. Indicó que ese diálogo incluyó contactos con referentes del oficialismo y de la oposición, y que varios legisladores manifestaron reparos parciales o totales a la reforma.

El dirigente sostuvo que el oficialismo tomó nota de que no contaba con los votos necesarios para aprobar la iniciativa y que el intento de debatirla en un contexto de urgencia legislativa resultaba inapropiado. La confirmación oficial de la postergación llegó el jueves pasado, pese a que el proyecto ya había obtenido dictamen en comisión. Desde el Gobierno señalaron que la prioridad será avanzar primero con el Presupuesto 2026 y analizar posibles modificaciones a la reforma laboral.

Desde la CGT, reclamaron que el diálogo no se limite al sector sindical y que se escuche a todos los actores involucrados en el mundo del trabajo y la producción. Si bien Sola afirmó que la central mantiene una postura “propositiva” respecto de la modernización laboral, advirtió que el proyecto, tal como está redactado, no mejorará la situación de los trabajadores.

En ese contexto, el dirigente trazó un diagnóstico crítico de la situación económica y social. Aseguró que en los últimos dos años cerraron más de 18.000 pequeñas y medianas empresas y se perdieron alrededor de 200.000 empleos formales, y vinculó ese proceso a la falta de inversión productiva y a la presión impositiva. También cuestionó la apertura de importaciones y su impacto en sectores industriales como el textil, el cerámico y el del juguete.

Sola sostuvo además que los cambios en las reglas laborales no generan empleo por sí solos y que el problema central radica en la estructura económica y tributaria. En esa línea, expresó diferencias con el Gobierno respecto de la situación de los trabajadores informales y advirtió que muchos derechos no pueden ejercerse plenamente en contextos de informalidad laboral.

Finalmente, adelantó que la CGT intensificará las conversaciones con senadores de distintos bloques que mostraron disposición a revisar el proyecto y advirtió que, si no se habilita una instancia real de consenso, el conflicto volverá a expresarse en las calles.