El Gobierno impulsará una reforma electoral en 2026: el objetivo será eliminar las PASO y modificar la boleta única

El Ejecutivo avanza con un proyecto integral que apunta a transformar el financiamiento político, redefinir la estructura partidaria y realizar cambios en el sistema de votación.

El Gobierno nacional trabaja en un paquete de reformas electorales que planea enviar al Congreso en 2026, luego del inicio del período de sesiones ordinarias en marzo. La iniciativa contempla la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y cambios en la composición y funcionamiento de las agrupaciones políticas.

La propuesta, elaborada desde la mesa política de Balcarce 50, incluye además ajustes en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). El Ejecutivo busca incorporar un casillero que permita votar lista completa, luego de que en las elecciones legislativas de octubre se registraran confusiones entre los electores por la distribución de categorías en el nuevo sistema.

En paralelo, el Gobierno estudia transformar el método de elección de los parlamentarios del Mercosur hacia un esquema indirecto, donde la distribución de bancas dependa de la proporción de cada bloque dentro del Congreso. La idea apunta a eliminar la votación directa de representantes y equiparar su designación a la lógica legislativa nacional.

Otro de los objetivos centrales es unificar el uso de la Boleta Única de Papel en todo el país. Para ello, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocará a los presidentes provinciales de La Libertad Avanza con el fin de coordinar una estrategia política y territorial que permita impulsar el cambio en cada jurisdicción.

El proyecto prevé derogar el Título II de la Ley 26.571, que regula tanto las PASO como la estructura jurídica de los partidos políticos. También propone modificaciones sobre la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre ellas la eliminación del límite de aportes privados tanto por agrupación como por persona. A su vez, busca suprimir el artículo 45 de la misma ley, que establece el tope de gastos de campaña en base al número de electores habilitados y un módulo electoral definido por el Presupuesto Nacional.

En lugar del esquema vigente, el Ejecutivo plantea un módulo electoral como unidad de referencia, cuyo valor sería fijado anualmente en la Ley de

Presupuesto. Las asignaciones públicas para los partidos se calcularían sobre el 50% de ese módulo, modificando la actual fórmula de financiamiento estatal.

El Gobierno también evalúa derogar la obligación de destinar el 35% del gasto publicitario digital de campaña a medios periodísticos nacionales, así como eliminar el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara Nacional Electoral.

Con estas medidas, el oficialismo buscará consolidar un paquete de reformas de alto impacto que reconfigure la estructura electoral argentina y modifique tanto los mecanismos de competencia interna como las reglas del financiamiento político.