El Gobierno presentó los lineamientos del nuevo Código Penal y propone penas más severas para delitos graves

La iniciativa impulsa modificaciones sustanciales en homicidios, uso de armas, delitos viales y corrupción, e incorpora nuevas reglas para la legítima defensa y la intervención de las víctimas.

El Gobierno nacional detalló los principales ejes del proyecto de reforma integral del Código Penal, una propuesta que busca endurecer las sanciones para delitos considerados graves y garantizar mayor cumplimiento efectivo de las condenas. Entre los cambios más relevantes, se prevé que el 82% de los delitos contemplados en la iniciativa incluyan prisión efectiva.

Una de las modificaciones centrales está vinculada a los homicidios. La pena máxima para el homicidio simple, que actualmente llega a 25 años, se elevaría a 30 años. En el caso de los homicidios agravados, que ya contemplan prisión perpetua, se incorporarán nuevos agravantes, entre ellos los crímenes cometidos contra autoridades educativas en ejercicio de sus funciones, menores de 16 años, adultos mayores y hechos tipificados como magnicidio.

La reforma también plantea cambios en los delitos vinculados a la conducción imprudente. Las penas para lesiones culposas pasarán de una escala de 1 a 3 años a un rango de 2 a 6 años en su modalidad simple, mientras que la modalidad agravada quedará establecida entre 3 y 6 años.

Otro punto destacado se refiere al uso indebido de armas. Quienes porten armas sin la autorización correspondiente enfrentarán condenas taxativas y sin margen de interpretación para su aplicación.

El proyecto propone, además, asegurar el cumplimiento íntegro de las penas. Las condenas a prisión perpetua no tendrán tope temporal, y los reincidentes o responsables de delitos especialmente graves podrían afrontar sanciones acumulativas de gran magnitud.

En materia de legítima defensa, el Gobierno adelantó que se modificará la presunción legal para que el beneficio inicial recaiga sobre quien se defiende. La reforma también garantiza que las víctimas puedan intervenir a lo largo de todo el proceso judicial y que sean notificadas en primer término cuando un condenado obtenga salidas transitorias o cumpla su pena.

Los delitos graves y gravísimos —como homicidio agravado, abuso sexual en todas sus formas, trata de personas, sustracción de menores, terrorismo, procesos contra organizaciones criminales y tráfico o contrabando de estupefacientes— serán imprescriptibles y de cumplimiento efectivo.

Finalmente, el proyecto contempla un nuevo régimen para funcionarios condenados por corrupción: quienes reciban sentencia firme no podrán acceder a jubilaciones de privilegio.