El Gobierno sospecha filtraciones en el juicio por YPF y desplaza a 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro

Temen que datos sensibles hayan sido entregados o vendidos a los fondos demandantes. La investigación interna derivó en una purga sin precedentes.

17 de julio de 2025

En medio del millonario juicio que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF, el Gobierno nacional echó a 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, ante la sospecha de filtraciones de información estratégica a los fondos buitres, particularmente Burford Capital.

La medida fue impulsada por el titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, en el marco de una investigación interna que se inició meses atrás y que habría detectado señales de que los abogados que litigan contra el Estado argentino en Nueva York conocían anticipadamente parte de la estrategia jurídica oficial.

Aunque desde el organismo sólo se informó oficialmente que se trata de una “reestructuración para mejorar la eficiencia”, fuentes del Ejecutivo confirmaron a Noticias Argentinas que el caso generó un fuerte malestar en el presidente Javier Milei, al punto de exigir una depuración inmediata del área encargada de defender al país en uno de los litigios más costosos de su historia.

El temor en la Casa Rosada es que funcionarios de carrera hayan filtrado —o incluso vendido— información confidencial del Estado a los representantes legales de los demandantes, lo que podría haber debilitado la defensa argentina en momentos clave del proceso.

El juicio por YPF ya le costó al país un fallo adverso de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones. Ahora, los demandantes exigen además la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal, hoy en poder del Estado nacional.

Mientras se aguarda una definición en la Corte de Apelaciones de Nueva York —donde en los próximos días intervendrá también el Gobierno de Estados Unidos como amicus curiae en apoyo a la Argentina—, los cambios en la Procuración del Tesoro evidencian un clima de tensión e incertidumbre en torno al futuro del caso y a la capacidad del país para revertir el fallo.

Hasta el momento, no se brindaron nombres ni detalles sobre los funcionarios desplazados, aunque trascendió que varios de ellos ocupaban cargos técnicos clave en el seguimiento de litigios internacionales. Tampoco se descarta la judicialización de las presuntas filtraciones.