El Senado se prepara para sancionar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Con los votos garantizados para rechazar el veto presidencial, la Cámara alta dejará firme la norma que busca reforzar derechos y prestaciones para personas con discapacidad. Será la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto del Ejecutivo.

2 de septiembre de 2025

El Senado de la Nación se encamina a aprobar este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei y asegurara así los dos tercios necesarios para insistir con la norma. Con un escenario favorable, se prevé que la Cámara alta supere con holgura los 48 votos requeridos para dejar firme el proyecto, que será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) junto con legisladores de distintos bloques, obtuvo un respaldo transversal que incluyó a sectores de la oposición dialoguista e incluso a algunos referentes oficialistas. El amplio consenso refleja la sensibilidad de un tema que generó una fuerte movilización social, con familias y organizaciones vinculadas a la discapacidad que impulsaron marchas y manifestaciones frente al Congreso.

El texto establece la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla una serie de medidas para garantizar derechos en áreas clave como salud, educación, trabajo y protección social. Entre los puntos centrales se destacan la regularización de pagos y actualización mensual de aranceles del sistema de prestaciones, una compensación económica extraordinaria para prestadores, la revisión del régimen de pensiones no contributivas, el fortalecimiento de talleres protegidos y centros de día, y la obligación de cumplir el cupo laboral del 4% en el sector público.

Asimismo, la norma declara de interés público nacional al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y dispone mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de la actualización del Certificado Único de Discapacidad bajo criterios más amplios.

La sesión del 4 de septiembre tendrá además otro punto sensible para el oficialismo: el debate sobre la modificación de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La oposición buscará limitar el uso de esta herramienta, estableciendo que cada decreto solo abarque una materia y que pierda vigencia si en un plazo de 90 días no es refrendado por ambas cámaras.

En caso de aprobarse la insistencia en el Senado, el Congreso revertirá por primera vez en 22 años un veto presidencial. El antecedente más reciente data de marzo de 2003, cuando se insistió con la Ley 25.715 sobre reducción de aranceles para la importación de azúcar durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde.

La decisión coloca al Ejecutivo bajo presión en medio de un escenario político complejo, atravesado por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en plena recta final hacia las elecciones legislativas de octubre.