Gendarmes “coimeros” en Córdoba: 23 detenidos y un presunto vínculo sanjuanino entre los cabecillas

Una investigación federal destapó una presunta red de corrupción dentro de la Gendarmería Nacional, con 23 agentes detenidos en Córdoba acusados de cobrar coimas a transportistas para permitirles circular por rutas provinciales.

El caso, iniciado en febrero bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, surgió tras la denuncia de un camionero y derivó en más de veinte allanamientos simultáneos en distintas provincias.

El epicentro de las maniobras fue el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta Nacional 8, aunque las operaciones se habrían extendido a otras zonas de Córdoba y a jurisdicciones vecinas como Santa Fe, Catamarca y Salta. Según la causa, los agentes detenían camiones por supuestas irregularidades y exigían pagos que iban desde $50.000 hasta $600.000 para permitirles continuar viaje sin sanciones.

El dinero se entregaba en efectivo —oculto en carpetas o bolsos— o a través de transferencias a cuentas de terceros, que actuaban como intermediarios. La investigación sostiene que el circuito ilegal funcionó entre mediados de 2024 y septiembre de 2025, con una estructura organizada que distribuía los montos recaudados entre los agentes según turnos previamente acordados.

El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó los allanamientos y las primeras detenciones, que posteriormente se ampliaron a 23 tras nuevas denuncias. Entre los implicados figura la primer alférez Analía Galian, jefa de la Sección Vial de Sampacho, señalada como una de las principales responsables del operativo sobre la Ruta 8.

De los 23 sospechosos, 13 permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer, dos cumplen arresto domiciliario y seis fueron separados preventivamente de sus cargos mientras avanza el proceso judicial. Todos enfrentan imputaciones por asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad, delitos que podrían implicar severas penas e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Las autoridades identificaron además a un presunto intermediario apodado “El Sanjuanino”, quien habría administrado parte de los pagos mediante transferencias y sería el nexo entre los gendarmes y algunos choferes. Aunque su identidad no fue revelada oficialmente, fuentes vinculadas a la causa confirmaron que sería oriundo de San Juan.

Entre las pruebas figuran registros bancarios, escuchas telefónicas y testimonios de camioneros que reconocieron haber abonado sobornos.

Las fuentes judiciales no descartan que la causa pueda escalar a niveles jerárquicos superiores dentro de la estructura de Gendarmería, al considerar que las maniobras respondían a un sistema sostenido en el tiempo. “Hay indicios de que no se trató de hechos aislados, sino de un mecanismo sistemático de recaudación ilegal”, señalaron investigadores del caso.

El expediente continúa bajo secreto de sumario, y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas. En paralelo, el Ministerio de Seguridad nacional analiza medidas internas y posibles pases a disponibilidad dentro de la fuerza.

El escándalo, uno de los más graves registrados en los últimos años dentro de Gendarmería, reaviva el debate sobre la transparencia y el control en los operativos viales federales, un ámbito históricamente cuestionado por denuncias de corrupción que pocas veces alcanzan un avance judicial tan significativo.