La Justicia de EE.UU. ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF por la expropiación de 2012

El fallo de la jueza Loretta Preska ordena transferir las acciones Clase D a los beneficiarios del juicio iniciado por el fondo Burford Capital, que reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en la estatización de la petrolera.

30 de junio de 2025

La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos que resultaron beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La decisión se enmarca en el litigio iniciado por Burford Capital, que adquirió los derechos legales del Grupo Petersen Energía y de IEASA (ex Enarsa).

El fallo se basa en que el Estado nacional, al adquirir el paquete accionario de YPF a la española Repsol, no ofreció una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas, tal como establecía el estatuto societario desde la privatización de la compañía en 1993. Esta omisión, según la jueza, generó un daño que hoy se estima en más de 16.000 millones de dólares.

Aunque la sentencia ya había sido dictada en primera instancia en septiembre de 2023, esta nueva decisión agrega un componente crítico: la entrega del control accionario, algo que está actualmente en manos del Estado argentino.

Desde el Gobierno de Estados Unidos se había manifestado anteriormente que el cumplimiento del embargo podría violar las normas de inmunidad soberana, generando un antecedente peligroso para las relaciones entre Estados. Esta advertencia aún pesa sobre la ejecución final del fallo.

De todas formas, para que se concrete la transferencia de las acciones, sería necesario que el Congreso Nacional apruebe una ley específica que autorice la operación. En caso contrario, el Gobierno podría intentar avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque su validez también debería ser ratificada por el Poder Legislativo.

Actualmente, el Estado argentino controla el 51% de las acciones de YPF bajo la clase D, mientras que el 49% restante está en manos del sector privado. Las acciones Clase A, B y C pertenecen al Estado nacional, a las provincias productoras y a empleados, respectivamente.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF en Wall Street registraron una caída del 6,89%, cotizando a u$s31,04 frente a los u$s33,33 del día anterior.

El fallo de Preska, considerado uno de los más significativos en litigios contra Estados soberanos, abre un nuevo capítulo en el extenso conflicto legal por la nacionalización de YPF, que aún no encuentra una solución definitiva y amenaza con tener un fuerte impacto político y económico en la Argentina.