Milei convocará sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas

El presidente Javier Milei firmará este martes el decreto que oficializa el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, donde el Congreso debatirá el Presupuesto 2026 y proyectos de reforma laboral, penal y la modificación de la Ley de Glaciares.

El Gobierno nacional avanzará desde esta semana con una agenda legislativa clave. El presidente Javier Milei firmará este martes el decreto que convoca a sesiones extraordinarias para el mes de diciembre, con el objetivo de tratar el Presupuesto 2026 junto con iniciativas de reforma laboral, modificaciones al Código Penal y la revisión de la Ley de Glaciares. La publicación formal del decreto está prevista para el mismo día en el Boletín Oficial.

Desde el entorno presidencial anticiparon que en los próximos días se darán a conocer los detalles técnicos de cada proyecto. El Ejecutivo buscará obtener un nuevo dictamen sobre el borrador presupuestario antes de mediados de diciembre, en paralelo a reuniones con jefes de bloques dialoguistas para acordar los puntos centrales del temario.

Durante las últimas semanas, representantes del Gobierno mantuvieron encuentros con la mayoría de los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con el objetivo de acercar posiciones respecto a la distribución de partidas y la ejecución de fondos para 2026. En Casa Rosada consideran que la aprobación del Presupuesto podría contribuir a una nueva baja del riesgo país, paso necesario antes de encarar la refinanciación de vencimientos de deuda que en enero alcanzarán los US$4.000 millones.

La negociación parlamentaria estará encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Todas las decisiones finales contarán con la validación del ministro de Economía, Luis Caputo.

En cuanto a la reforma laboral, el proyecto propone modificaciones a la Ley de

Contrato de Trabajo (20.744) orientadas a reducir costos de contratación, simplificar cargas laborales y limitar la intervención estatal en los acuerdos entre empleadores y trabajadores. También incluye la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos —como la mediación y el arbitraje— y establece la optatividad de la cuota sindical solidaria. Además, contempla restricciones al derecho de huelga mediante la declaración de servicio esencial para el 50% de sectores considerados estratégicos, entre ellos salud, transporte, telecomunicaciones y educación.