Nación avanza con un proyecto para derogar la Ley de Educación Nacional

El Gobierno trabaja en un borrador que propone reemplazar la normativa vigente desde 2006 y establecer un nuevo marco basado en la “libertad educativa”.

El Gobierno nacional envió al Consejo de Mayo el borrador de un proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, que plantea derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. La iniciativa abarca a los niveles inicial, primario y secundario, y mantiene sin cambios la legislación vigente para la educación superior.

El documento incorpora nuevas modalidades de enseñanza, entre ellas la educación en el hogar como alternativa válida, junto con formatos híbridos y a distancia. En el caso del “home schooling”, los estudiantes podrán acreditar conocimientos mediante exámenes periódicos, sin una edad mínima fijada.

El borrador también habilita a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. Asimismo, introduce la posibilidad de que cada institución diseñe planes de estudio propios, complementarios a los contenidos mínimos comunes definidos a nivel nacional.

Entre los conceptos centrales aparece la declaración de la educación básica como servicio esencial, lo que implica que, ante medidas de fuerza, deberá garantizarse un funcionamiento mínimo. El texto retoma ideas del capítulo educativo de la primera Ley Bases, pero avanza con una reformulación más amplia del sistema.

El proyecto hace énfasis en la “libertad educativa” y en el rol primario de la familia. El Estado pasa a tener un papel subsidiario, reservando su intervención para situaciones en las que las instituciones o las familias no puedan garantizar el derecho a la educación.

En cuanto a la organización del sistema, se mantiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el último año de la secundaria, así como los contenidos mínimos comunes —actualmente conocidos como Núcleos de Aprendizajes Prioritarios—. También se fija una carga anual mínima de 540 horas para el nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria. Por encima de ese piso, cada escuela podrá definir su propio calendario.

El borrador incluye la obligatoriedad de enseñar sobre la causa de Malvinas y establece la autonomía institucional y pedagógica de las escuelas, que podrán definir su gobierno interno, sus reglamentos, la administración de recursos, sus políticas de admisión y sus planes de estudio. Para las instituciones estatales, se prevé una transición hacia un modelo de gestión autónoma.

Respecto de las modalidades educativas, el proyecto se refiere a “alumnos con necesidades específicas” e incluye a estudiantes con discapacidad, educación rural, intercultural bilingüe, hospitalaria, domiciliaria y en contexto de encierro. También contempla a estudiantes con altas capacidades.

Se mantiene el esquema de evaluaciones nacionales, que pasarán a ser anuales y censales en el último año de primaria y secundaria. Los alumnos y sus familias podrán acceder a los resultados individuales, mientras que el Estado podrá publicar datos desagregados por escuela sin identificar a estudiantes ni docentes.

En materia financiera, el borrador elimina la meta del 6% del PBI y plantea un esquema de responsabilidad compartida entre Nación y provincias. Establece que las instituciones públicas y privadas tendrán igualdad en el acceso al financiamiento, y que podrán asignarse recursos a estudiantes y familias mediante becas, vales educativos u otros instrumentos.

El proyecto propone además mecanismos de transparencia y un sistema federal de monitoreo del gasto educativo. Cada jurisdicción deberá evaluar periódicamente la inversión para garantizar que se traduzca en mejores aprendizajes.

En relación al rol docente, se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y se mantiene la duración de cuatro años para la formación inicial. La carrera docente será sujeta a evaluaciones periódicas, con foco en desempeño, actualización profesional y resultados de aprendizaje. La estabilidad estará vinculada al cumplimiento satisfactorio de estos parámetros.