Bioquímica detenida por amenaza de bomba en el Hospital Rawson: caos, evacuación y causa penal

Fue detenida este martes durante el operativo de evacuación del hospital central de San Juan. La profesional sería imputada por intimidación pública, delito que contempla una pena de prisión efectiva.

3 de junio de 2025

Una amenaza de bomba realizada este martes al mediodía generó conmoción y caos en el Hospital Guillermo Rawson, uno de los centros de salud más importantes de San Juan. Tras una rápida investigación, las autoridades detuvieron a una profesional de la salud identificada como Rosario Cortés Zmutt, de 30 años, quien se desempeñaba como residente en el sector de laboratorio del nosocomio. La mujer está acusada de ser la autora del llamado anónimo que alertaba sobre la colocación de un artefacto explosivo en el edificio.

La voz femenina que realizó la amenaza coincidía con una posible visita de autoridades del Ministerio de Salud, lo que obligó a activar un operativo inmediato de evacuación. Personal médico, pacientes —incluidos niños y personas internadas en terapia intensiva—, administrativos y público en general fueron retirados del hospital por protocolo, mientras decenas de efectivos policiales y bomberos revisaban cada sector del edificio en busca del supuesto explosivo, que finalmente no existía.

Cortés Zmutt fue detenida en el mismo hospital por una comisión policial encabezada por el subcomisario Javier Videla, tras ser identificada mediante el número de teléfono desde el cual se realizó el llamado. Los investigadores ya contaban con información detallada sobre la titularidad de la línea, su domicilio en el departamento Santa Lucía y su lugar de trabajo.

Actualmente, la profesional se encuentra alojada en la Comisaría 5ta, a la espera de la audiencia de formalización. Hasta el momento no ha brindado declaración ni ha dado explicaciones sobre los motivos de su accionar.

Según fuentes judiciales, la mujer será imputada por el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal Argentino, que prevé una pena de dos a seis años de prisión para quien, con el fin de infundir temor público o generar desórdenes, emita señales de alarma, amenazas o emplee medios que puedan provocar pánico colectivo.

El fiscal Ignacio Achem, a cargo de la investigación desde la UFI Genérica, confirmó que el mensaje telefónico advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo en el lugar. “El llamado fue realizado por una voz femenina y alertaba sobre la supuesta colocación de un explosivo en el hospital”, explicó.

El hecho generó gran alarma entre los trabajadores de salud y familiares de pacientes, quienes vivieron momentos de tensión mientras se desplegaba el operativo. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, se descartó por completo la existencia de una bomba y se restableció la normalidad en el centro asistencial.

Sin embargo, la situación derivó en una causa penal que podría tener consecuencias graves para la profesional involucrada. La Justicia deberá determinar ahora si existieron agravantes y si la imputada actuó de manera premeditada.

Fuente: Tiempo De San Juan