El Gobierno impulsa cambios en la ley de Financiamiento Universitario y busca un nuevo esquema presupuestario

Funcionarios nacionales se reunieron con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional para modificar el sistema actual de financiamiento de las universidades públicas y dar previsibilidad fiscal ante los conflictos presupuestarios que persisten desde 2024.

El Gobierno nacional comenzó a dar señales concretas de que avanzará en una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de reorganizar el esquema presupuestario de las casas de estudios superiores públicas y poner fin a un conflicto que persiste desde el año pasado.

En una reunión reciente, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dialogó con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —el presidente Carlos Greco y el vicepresidente Franco Bartolacci— sobre la posibilidad de construir un nuevo modelo de financiamiento, sin avanzar hacia una derogación total de la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo explicaron que la intención es introducir modificaciones estructurales que permitan ordenar las cuentas sin desfinanciar al sistema universitario, garantizando previsibilidad fiscal y alivio presupuestario para las universidades públicas. Las fuentes oficiales destacaron que la discusión está en una etapa inicial y aún no existe un proyecto cerrado.

El conflicto en torno al financiamiento universitario tiene antecedentes recientes. En 2025 se sancionó una nueva Ley de Financiamiento Universitario que proponía, entre otras cosas, mecanismos de actualización automática de partidas presupuestarias en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), destinación de fondos para infraestructura, salarios y becas. Esa norma fue posteriormente promulgada pero su aplicación efectiva fue condicionada a la inclusión de partidas específicas en el Presupuesto Nacional, lo que generó tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones académicas.

Además, el presidente Javier Milei vetó en 2025 buena parte de ese proyecto de financiamiento, argumentando que representaba un desequilibrio fiscal, aunque la ley había sido sancionada con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. La oposición y los rectores universitarios plantearon entonces la necesidad de sostener la educación pública y adecuar el presupuesto a las demandas reales del sistema.

El CIN había expresado preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales en comunicados previos, advirtiendo que la falta de actualización de partidas impactaba negativamente en salarios, infraestructura, investigación y becas.

En este contexto, el Gobierno busca destrabar el conflicto que se arrastra desde 2024, cuando las discusiones sobre los recursos universitarios generaron paros, marchas y tensiones abiertas entre el Ejecutivo y las casas de altos estudios de todo el país.

El nuevo enfoque que plantea el oficialismo combina la posibilidad de ajustar la ley vigente con un nuevo esquema presupuestario que, según el Ejecutivo, permita mantener la sustentabilidad del sistema universitario sin comprometer el equilibrio fiscal global.