Caucete acumula una deuda de $550 millones con DECSA y la intendenta Romina Rosas no da señales de pago

El interventor de la distribuidora eléctrica advirtió que la Municipalidad no paga desde 2022 por el alumbrado público ni por 40 medidores activos. El EPRE intervino y fijó un plazo que está por vencer.

23 de junio de 2025

La crisis energética en el departamento de Caucete no sólo afecta la calidad del servicio, sino que también expone un grave conflicto financiero entre la Municipalidad y la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA). El interventor de la firma, ingeniero Daniel Castro, denunció públicamente que la gestión de la intendenta Romina Rosas mantiene una deuda de $550 millones por consumos acumulados desde diciembre de 2022, sin señales de pago ni propuestas de regularización.

El pasivo incluye no sólo el consumo del alumbrado público sino también el de más de 40 medidores activos en centros de salud, oficinas, espacios deportivos y culturales municipales. “Esto no es sólo alumbrado. Hay edificios que llevan más de dos años sin pagar”, expresó Castro en declaraciones a Zonda Diario.

El conflicto se agudizó luego de que DECSA y el municipio realizaran relevamientos contradictorios sobre la cantidad de luminarias instaladas y su consumo. Mientras que la Municipalidad presentó su propio informe, la empresa detectó más de mil lámparas funcionando las 24 horas, lo que no solo representa un alto costo, sino también un riesgo eléctrico significativo. “Nos encontramos con líneas sin aislación que conviven con nuestras redes, y eso pone en peligro a transeúntes y operarios”, advirtió el interventor.

Frente a esta situación, la empresa llevó el caso ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que luego de evaluar la documentación emitió una resolución en la que convalidó la deuda e instó a las partes a llegar a un acuerdo de pago en un plazo de 20 días hábiles. No obstante, el municipio no ha presentado ningún plan ni ha iniciado negociaciones, lo que incrementa la tensión.

“El EPRE fijó el monto y dio un plazo que está a punto de vencerse. Pero no hemos recibido ni una sola propuesta. La intendenta sigue diciendo que no corresponde pagar”, lamentó Castro.

Desde lo económico, la situación representa un golpe duro para DECSA, cuya facturación depende en gran parte del municipio de Caucete. “Es nuestro mayor deudor. Representa entre un 7% y un 10% de nuestra facturación mensual. En una empresa como la nuestra, es muchísimo”, explicó Castro. A pesar de ello, DECSA continúa cumpliendo con sus obligaciones ante CAMMESA, el organismo nacional que regula el mercado eléctrico mayorista.

El modelo de gestión del alumbrado público contempla que DECSA actúe como agente recaudador del Cargo Único Municipal, pero los fondos que recauda son inferiores al consumo real. “Hay meses en los que se genera superávit y otros donde el déficit es muy grande. Esa diferencia acumulada es la que hoy nos deja con una deuda impagada de $550 millones”, reiteró el interventor.

Finalmente, Castro fue categórico respecto del trasfondo del conflicto: “Este problema ya no es técnico, es político. Si uno quiere encontrar pretextos, los va a encontrar. Lo que no vemos es voluntad de pago. Ni siquiera una propuesta para empezar a saldar la deuda”.