El EPRE confirmó una deuda de más de $550 millones entre Caucete y DECSA

Tras meses de cruces y desacuerdos por una deuda millonaria en concepto de alumbrado público, el EPRE emitió una nueva resolución y estableció cifras concretas.

19 de junio de 2025

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) determinó que el municipio de Caucete mantiene una deuda de $550.162.640 con la distribuidora DECSA, en el marco del prolongado conflicto por el servicio de alumbrado público. La resolución se emitió tras evaluar tanto los reclamos de la empresa como el informe de una auditoría privada encargada por la comuna.

Según lo dispuesto en la resolución 0508/25, el monto fijado contempla el período de facturación comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2025 inclusive. El valor determinado por el ente regulador se ubica entre la suma inicialmente reclamada por la distribuidora —alrededor de $800 millones— y el monto mucho menor que proponía el municipio, que estimaba la deuda en $345 millones tras encargar un estudio independiente.

El EPRE aclaró que se consideraron los consumos eléctricos en edificios públicos y los suministros vinculados al alumbrado, así como también los cargos de gestión de cobranza realizados por DECSA según convenios previos, y el cálculo del Cargo Único Municipal de acuerdo con ordenanzas vigentes en el departamento de Caucete.

“Se ha considerado para su determinación el principio in dubio pro usuario, reconociendo las limitaciones derivadas de la información disponible”, expresó el organismo en su resolución, afirmando que se aplicaron criterios de comparación validados por auditorías que aseguran equidad y justicia en la relación de consumo y prestación del servicio.

El EPRE también resolvió aprobar los informes técnicos sobre la facturación emitida y la estimación del consumo del parque lumínico del departamento, que supera los 5,4 millones de kWh anuales.

Además, instó a ambas partes a definir un plan de pago en un plazo de 20 días, con una tasa de interés acotada. Por último, el ente dejó en claro que con esta resolución se agota la instancia administrativa y que, de no haber acuerdo, las partes solo podrán recurrir a la vía judicial.