Intervención en CAPRESMI, polemica y acusaciones cruzadas

La Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia, la más importante del departamento, fue intervenida en una decisión que genera indignación y sospechas. Acusan maniobras irregulares, injerencia externa y una posible “mano negra” detrás de la medida.

En un hecho sin precedentes y que sacude al sector minero iglesiano, la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (CAPRESMI) ha sido intervenida por disposición de la Dirección de Jurídica. La decisión, lejos de ser vista como un intento de normalización, ha despertado una ola de indignación, especulaciones sobre injerencias políticas y la sospecha de que hay intereses ocultos operando en las sombras. La intervención recayó en un triunvirato compuesto por Nataly Varela, Sergio Rojas y Lorena Torres, quienes fueron notificados oficialmente en la mañana de hoy y asumen la tarea de conducir la institución por un plazo de 180 días.

El detonante de esta medida, según explicaron los nuevos interventores, fue la suspensión de la asamblea que debía realizarse para elegir nuevas autoridades. La falta de presentación de libros y documentación obligatoria fue el argumento utilizado para frenar el proceso democrático dentro de la Cámara. Sin embargo, las versiones que circulan apuntan a una situación mucho más turbia, la aparición de dos listas con diferencias en el número de socios habilitados encendió las alarmas y abrió la puerta a una denuncia que terminó con la intervención. Entre las listas presentadas, la encabezada por Gabriel Paredes afirma haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el estatuto y contar con los avales necesarios, aunque con miembros que no pertenecian a la camara, mientras que la lista oficialista de la Cámara enfrenta cuestionamientos por no cumplir con ciertos avales. Una denuncia anonima recayo sobre este acto sosteniendo que las listas no contaban con socios debidamente registrados en CAPRESMI, lo que generó aún más incertidumbre sobre la transparencia del proceso, por lo que Juridica de la provincia de San Juan, tomó cartas en el asunto.

Lo más grave del esto es que, según fuentes internas, la Cámara ya había solicitado con anterioridad la convocatoria a la asamblea, pero las dilaciones de Jurídica impidieron que se llevara a cabo. Desde la presidencia de CAPRESMI, Fernando Varela expresó su desconcierto y su enojo ante la situación, “Hicimos las presentaciones en tiempo y forma para llamar a asamblea, pero nunca tuvimos respuestas. Ahora, de la noche a la mañana, nos imponen una intervención sin siquiera explicarnos los motivos concretos. Esto no tiene lógica. Vamos a investigar a fondo porque acá hay una mano negra operando y alguien se va a tener que hacer responsable”.

Las palabras de Varela reflejan el sentimiento de impotencia y bronca que se vive en el seno de la Cámara, donde muchos sospechan que la intervención no es más que una jugada para desplazar a ciertas figuras y favorecer intereses externos. No es la primera vez que en Iglesia las decisiones de Jurídica generan polémica, pero en este caso, la situación parece haber alcanzado un nivel de gravedad que pone en jaque la credibilidad del proceso. Mientras tanto, el triunvirato interventor aseguró que su única intención es “ordenar la situación y convocar a una asamblea legítima”, aunque sus palabras no lograron calmar las aguas.

Con 180 días por delante para normalizar la institución y la obligación de presentar informes mensuales a Jurídica, la intervención de CAPRESMI deja muchas más dudas que certezas. Lo que debería haber sido un proceso democrático y transparente para renovar autoridades terminó en un escándalo con denuncias, sospechas de manipulación y una sensación de injusticia que resuena con fuerza en el sector minero iglesiano. ¿Se trata realmente de una medida correctiva o es un golpe institucional disfrazado de intervención? La respuesta, como tantas otras veces, parece estar lejos de la vista pública y más cerca de los intereses que se mueven en la oscuridad.