Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska define si suspende la orden que obliga a la Argentina a entregar acciones

Este lunes, la magistrada estadounidense deberá resolver si congela o no la ejecución del fallo que ordena al país entregar títulos de la petrolera en el marco de la causa por la expropiación de 2012. La decisión marcará un punto clave en el litigio.

14 de julio de 2025

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska anunciará este lunes si acepta el pedido del Gobierno argentino para suspender la orden judicial que obliga al país a entregar acciones de YPF a modo de pago parcial de la sentencia por US$16.100 millones —monto que, con intereses, ya asciende a US$17.750 millones—. La decisión es clave mientras la Argentina continúa con el proceso de apelación.

La magistrada ya comunicó por escrito a las partes —el Estado argentino y los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios del fallo— que este lunes definirá si hace lugar a la solicitud de "stay" (suspensión) mientras se sustancia la apelación del fallo principal. Además, otorgó un plazo adicional de tres días para que las partes pudieran acudir formalmente a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina ya concretó el jueves pasado.

Qué se discute hoy

Lo que Preska evaluará es exclusivamente si suspende la entrega de las acciones de YPF, no si revoca la sentencia dictada el 30 de junio. En concreto, la jueza debe determinar si los títulos que el Estado argentino tiene en la petrolera pueden ser utilizados por los demandantes mientras continúa el proceso legal.

De suspenderse la orden, los fondos litigantes no podrían ejecutar el fallo en este momento. De lo contrario, se abriría una instancia de sanciones o medidas de cumplimiento forzoso, con riesgo de embargos o acciones legales en otras jurisdicciones.

Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, “si Preska acepta el pedido de suspensión, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela. Si no lo acepta, el país podría quedar expuesto a consecuencias legales por incumplimiento”.

El trasfondo del litigio

El caso tiene origen en la expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol, en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El Estado argentino pagó a Repsol con bonos, pero no extendió una oferta de compra similar al resto de los accionistas, violando —según los demandantes— el estatuto de la empresa.

Burford y Eton Park adquirieron los derechos de litigio del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que controlaba el 25% de las acciones de la compañía al momento de la estatización. En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los fondos, imponiendo una de las sentencias más costosas de la historia contra el país.

Desde entonces, Argentina presentó una apelación ante el Segundo Circuito de la Corte de Nueva York, que aún no se expidió sobre el fondo de la cuestión.

La postura del Gobierno

El presidente Javier Milei ha insistido en que el fallo es “inaplicable” bajo la legislación argentina. “Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que requiere dos tercios. No va a ocurrir”, advirtió días atrás.

La defensa argentina argumenta, además, que las acciones de YPF no pueden ser entregadas sin una autorización parlamentaria específica, lo que agrega un componente político y legal al conflicto judicial.

Qué puede pasar

• Si Preska acepta el pedido de suspensión: Argentina gana tiempo mientras avanza la apelación y evita, por ahora, entregar acciones o enfrentar sanciones.

• Si la jueza rechaza la suspensión: los fondos litigantes podrían exigir el cumplimiento inmediato de la orden, lo que podría derivar en medidas coercitivas y escalar el conflicto a otras jurisdicciones financieras internacionales.

El fallo de Preska se espera a lo largo de este lunes y será determinante para el futuro inmediato de la estrategia judicial del Estado argentino frente al mayor juicio por expropiación en su historia reciente.