La denuncia de la Liga Sanjuanina desató un impensado conflicto de competencias

La presentación judicial por apuestas ilegales en el fútbol local derivó en un inusual cruce de jurisdicciones entre unidades fiscales, lo que demora el avance de la causa.

15 de julio de 2025

La denuncia penal presentada por la Liga Sanjuanina de Fútbol contra plataformas de apuestas que utilizarían su nombre y el de sus clubes sin autorización desató un inesperado conflicto de competencias dentro del Ministerio Público Fiscal. La causa, que inicialmente ingresó en la Unidad Fiscal de Estafas y Delitos Informáticos, fue derivada a la UFI Genérica por la presunta naturaleza delictiva de los hechos, aunque esta última podría devolver el expediente a su origen.

La presentación fue impulsada por el abogado de la entidad, presidida por Juan Valiente, y apunta no solo al uso indebido de la imagen institucional, sino también a la posible existencia de partidos arreglados en torneos oficiales, lo que implicaría una figura penal más compleja.

En ese contexto, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Ignacio Achem —a cargo de la UFI Genérica— habría considerado que la competencia debe quedar en manos de la UFI de Estafas, ya que los peritos informáticos de esa unidad serían los más idóneos para analizar las pruebas digitales y las plataformas web donde aparecen los encuentros deportivos, pese a no estar habilitadas en la provincia.

La denuncia incluye registros digitales, capturas de plataformas como BPlay —legal en otras provincias, pero no en San Juan— y sitios ilegales como “Celu Apuestas”, además de un listado de personas vinculadas al fútbol local que podrían estar implicadas en el armado fraudulento de resultados.

Desde la Caja de Acción Social, organismo encargado de regular el juego en San Juan, confirmaron que actualmente no existen operadores habilitados para ofrecer apuestas deportivas en el ámbito provincial. En ese sentido, cualquier actividad de este tipo resulta ilegal.

La figura penal que se analiza aplicar es la del artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que contempla penas de seis meses a dos años para quienes, desde estructuras societarias, colaboren conscientemente con actos contrarios a la ley y que puedan causar perjuicios.

Mientras tanto, al menos tres partidos recientes del campeonato local volvieron a figurar en plataformas de apuestas, en abierta violación a la normativa vigente. La demora en la resolución del conflicto de competencias impide, por ahora, avanzar en la investigación de fondo.